Archivo - Detalle de la fachada principal de la Audiencia Provincial de Sevilla , a 21 de junio de 2022 en Sevilla (Andalucía, España) | Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

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La Junta de Andalucía ha calculado que la jornada de la huelga convocada este jueves por CSIF, STAJ, CCOO y UGT entre los funcionarios de la Administración de Justicia, en demanda de una subida salarial de hasta 430 euros mensuales por persona, ha cosechado un seguimiento del 45,3 por ciento en el conjunto de Andalucía.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, en Almería el seguimiento ha sido del 54,65 por ciento, en Cádiz del 61,37%, en Córdoba del 40,91%, en Granada del 55,07%, en Huelva del 46,92%, en Jaén del 38,45%, en Málaga del 46,18% y en Sevilla del 28,90%.

El calendario de huelga sigue los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo y los sindicatos reclaman un alza salarial de entre 350 y 430 euros al mes por persona aproximadamente, lo que supone un coste global de unos 200 millones de euros al mes para las arcas públicas, mientras la subida que les ofrece el Ministerio de Justicia rondaría los 44 millones, es decir que supone algo menos del 25 por ciento de lo demandado.

Según los sindicatos convocantes del paro, los gestores procesales, tramitadores procesales, auxilio judicial o médicos forenses «constituyen el 93% de todo el personal que hace posible que la justicia funcione», acusando al departamento ministerial que dirige Pilar Llop de «ningunear» a estos profesionales y de tratarlos como «funcionarios de segunda».

Esta huelga, por cierto, sigue a la protagonizada entre el 24 de enero y finales de marzo por los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), los secretarios judiciales, que lograron un incremento de hasta 450 euros al mes por persona, tras un prolongado paro traducido en un fuerte impacto para el servicio de justicia a cuenta de la suspensión de juicios, comparecencias y actos.

En concreto, en Andalucía dicha huelga dejó un total de 84.111 juicios y actuaciones suspendidas, así como 40.901 demandas pendientes de recibir curso, según las entidades convocantes.