El PSE-EE espera que se «subsanen las diferencias» que mantiene con su socio, el PNV, sobre el proyecto de Ley de Educación para poder apoyar su aprobación en el Parlamento Vasco, después de que haya dado luz verde al texto de la norma en el Consejo de Gobierno celebrado este martes para «no obstaculizar» su tramitación.
Tras asegurar que el documento «no responde a todos los objetivos marcados», entre otras cuestiones, asegura no compartir que se releguen los modelos lingüísticos actuales, «sin precisar cómo se va a materializar el modelo plurilingüe pactado» en el acuerdo educativo.
En un comunicado, los socialistas vascos han señalado que consideran «necesaria» la actualización de la Ley de Educación por los motivos que recoge el Acuerdo de Gobierno alcanzado con los jeltzales, que marca como objetivo aprobar una norma que en Euskadi «dé respuesta a los retos de futuro» de sus sistema educativo, «reconozca y promueva el papel esencial de la Escuela Pública y su carácter laico, así como la igualdad de oportunidades para el aprendizaje en todas las enseñanzas».
En este sentido, ha destacado que en abril de 2022 suscribieron, a través de su grupo parlamentario, las conocidas como 'Bases para la Reforma del futuro sistema educativo vasco', con sus aportaciones dirigidas «primordialmente a garantizar en este proceso la apuesta por la escuela pública, la equidad y la lucha contra la segregación, el refuerzo del trilingüismo y la evaluación continua y externa del sistema», para favorecer «el éxito escolar del alumnado, situando sus necesidades y su desarrollo integral en el centro del sistema».
El PSE-EE ha subrayado que, sin embargo, el anteproyecto de la Ley de Educación ha llegado al Consejo de Gobierno «sin que el texto pueda responder a todos los objetivos marcados». No obstante, ha explicado que ha contado con el voto favorable de los representantes socialistas porque no es su intención «obstaculizar su tramitación ni la búsqueda de consensos más amplios».
En todo caso, ha advertido de que, para contar con su apoyo futuro, se deberán «resolver determinados aspectos», alguno de los cuales forman parte del dictamen preceptivo de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUA), «que plantea varias objeciones jurídicas y posibles consecuencias, muchas formuladas ya» en sus negociaciones con el PNV, pero que entienden que «no han sido suficientemente atendidas por el Departamento».
De esta forma, explica que el dictamen «alude en varias ocasiones a una invasión de competencias y de los preceptos de la legislación básica aplicable, en elementos nucleares como el Derecho a la Educación, la Programación de la Oferta Educativa o la Gratuidad de la Enseñanza». «En nuestra opinión, todo ello afecta a la salvaguarda pública de la Educación», ha asegurado.
Además, ha manifestado que la Comisión Jurídica «también detecta una indeterminación normativa mediante el empleo de fórmulas a lo largo del texto que hacen referencia al marco reglamentario, las decisiones ejecutivas, o las políticas, estrategias y directrices».
«Esta indeterminación, junto a las habilitaciones al departamento de Educación, conduce a lo que la COJUA define como 'degradación normativa' y 'desapoderamiento del Gobierno Vasco'. Esto nos preocupa sinceramente», ha reconocido.
Modelo lingüístico único
La formación liderada por Eneko Andueza también ha señalado que el dictamen entiende que, «aunque no lo señala expresamente, el anteproyecto cambia el sistema de modelos vigente por un modelo único, sin más criterios ni precisiones que las que se deriven del proyecto lingüístico de centro y su aprobación por parte del departamento».
«El PSE-EE no comparte que puedan relegarse los modelos lingüísticos actuales, amparados legalmente por un consenso político muy amplio, sin precisar cómo se va a materializar el modelo plurilingüe que pactamos en el Acuerdo de Bases», ha aclarado.
Condiciones laborales
Asimismo, ha precisado que, «por ejemplo, se prevé la creación de un Consejo Asesor de Condiciones Laborales para todos los trabajadores y trabajadoras de los centros públicos y concertados, del que serían miembros 'las organizaciones empresariales más representativas de los centros concertados'».
En este sentido, ha apuntado que, como señala la COJUA, «esa presencia debe suponer que se limite su alcance a las condiciones laborales en los centros privados concertados, dado que no puede entenderse que las patronales de la concertada negocien condiciones para los trabajadores y trabajadoras públicos».
«En un órgano de tales características, el Anteproyecto no puede limitar, como sugiere, la representación sindical amparada por la Ley Orgánica 11/1985 de libertad sindical», ha añadido.
Según ha destacado, «estos y otros son elementos deberán ser revisados y corregidos en la tramitación parlamentaria». «Desde el PSE-EE, esperamos que se produzca con la profundidad que merece una ley con la trascendencia de la de Educación», ha concluido.
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