El politólogo de la UPF Marc Sanjaume comparece tras reunirse con el consejo académico del acuerdo de claridad, a 19 de abril de 2023, en Barcelona, Cataluña (España). | David Zorrakino - Europa Press

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El presidente del consejo académico del acuerdo de claridad, el politólogo Marc Sanjaume, ha asegurado que el «límite» con el que trabajan para dar respuesta a las preguntas que les planteó el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, es la política comparada y no la legalidad española.

«No queremos hacer un informe estrictamente jurídico. Ahora bien, la legalidad es un constreñimiento que a nadie se le escapa», ha dicho este martes en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Sanjaume ha explicado que trabajan para presentar en junio un informe que dé respuesta a las preguntas que les hizo Aragonès acerca de «mecanismos» para solucionar el conflicto, las características que debería tener un acuerdo de claridad y las condiciones para maximizar la legitimidad de un referéndum, entre otros temas.

El politólogo ha detallado que el informe abordará la cuestión del referéndum porque así se lo pidieron, pero también habrá «cierto margen para poder plantear respuestas distintas», una posibilidad prevista en las preguntas --que hablan de un referéndum o mecanismos análogos--.

«Las respuestas no serán cerradas, plantearán posibilidades y desde el rigor académico», y ha añadido que la negativa del Gobierno a celebrar un referéndum es algo que condiciona enormemente, en sus palabras.

Un consejo "plural"

Sanjaume, que se ha declarado independentista, ha elogiado la composición «plural» del consejo académico tras las críticas a Aragonès por incluir en él personas contrarias al proceso independentista y al 1-O, como la politóloga Astrid Barrio.

Ha asegurado que se toma esas críticas como algo positivo, que acredita la pluralidad dentro del consejo, y ha añadido que le hubiera gustado «incluso más pluralidad desde el lado independentista» entre los expertos.

Además, ha mantenido que en el consejo hay consenso en que «es la ciudadanía de Catalunya la que debe tener la palabra sobre el estatus de Catalunya», y que el debate está en de qué manera, cuándo y con qué procedimientos.