Además, han asegurado que la situación de los juzgados está «muy deteriorada», ya que arrastraba desde hace tiempo problemas que se han recrucedido con la pandemia, el posterior paro de dos meses de los Letrados de la Administración de Justicia y ahora con su huelga.
El coordinador de CCOO en Bizkaia, Pedro Iglesias, ha recordado que la reunión de ayer del comité de huelga con el Ministerio «fue bastante decepcionante». «Las ofertas que se trasladaron no cubren todas las expectativas, pero es un primer paso y creemos que puede llegar a algo mientras mantengamos la presión ante el Ministerio», ha añadido.
De esta forma, cree que, si se persiste en el paro, se puede «llegar a buen término». «La situación en los Juzgados, también en los vascos, está en estos momentos en una situación muy deteriorada porque ya llevamos, desde antes de la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), en una situación deficitaria de medios, que se había agravado con la pandemia», ha añadido.
El sindicalista cree que la huelga de los LAJ, a su vez, «ha puesto de manifiesto muchas carencias y ha colocado a la Administración de Justicia en una situación muy complicada», y el paro ahora de los funcionarios de Justicia «pone un poquito más de relieve esta situación».
Para Pedro Iglesias, «es absolutamente de justicia» que se les aplique una subida salarial después de un incremento de funciones, «cuando a otros funcionarios que representan el 7% de la Administración de Justicia --los LAJ-- se les ha subido el salario por unas funciones que normalmente delega en los funcionarios de los cuerpos generales».
El representante de CCOO ha cifrado en alrededor del 90% de la plantilla el seguimiento de la huelga, porcentaje similar a la media estatal.
El paro ha sido convocado por CCOO, CSIF, UGT y STAJ en todo el Estado, aunque en la Comunidad Autónoma Vasca solo los dos primeros sindicatos tienen representación en el sector de Justicia. Estas centrales sindicales han denunciado que el Gobierno «ha tratado como funcionarios de segunda al 93% del personal de la Administración de Justicia que llevan el peso fundamental del trabajo, elevando retribuciones solo al 7% restante (el cuerpo de LAJ)».
Por ello, instan al Ministerio a que plantee una propuesta sobre las reivindicaciones para abrir la negociación colectiva y solucionar este conflicto a la mayor brevedad".
Sus reivindicaciones pasan por aumentos retributivos de entre 350 y 430 euros, el reconocimiento de las funciones que realmente realiza cada uno de los cuerpos funcionariales, y la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley orgánica de eficiencia organizativa hasta que se logre un acuerdo.
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