La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitando parcelas de promociones del Plan Vive. Archivo. | Matias Chiofalo - Europa Press

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Técnicos de la Comunidad de Madrid solo han dado su visto bueno a cinco pisos de los 2.709 que tiene la Sareb en la región, ya que el resto están en zonas de nula demanda, ya fueron vendidas, estaban ocupadas ilegalmente o no cumplen las condiciones mínimas de habitalibidad.

De las 50.000 viviendas de la Sareb que ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se movilizarán para alquiler asequible, 2.709 se encuentran en la Comunidad de Madrid (1.189 en la capital y las 1.520 restantes en otros municipios).

Según ha adelantado 'El Mundo' y han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno regional, desde la Sareb ofrecieron a la Comunidad de Madrid 87 viviendas para su posible adquisición (una vez descartadas las okupadas sin título legal o con una superficie inferior a 150 metros cuadrados).

Los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura revisaron las fichas de las mismas y dieron conocimiento de que solo 51 eran susceptibles de ser destinadas a un alquiler social, puesto que el resto estaban ubicadas en zonas de nula demanda, ya fueron vendidas o estaban ocupadas ilegalmente. De las que pudieron visitar los técnicos solo siete recibieron el visto bueno y este número finalmente bajó a cinco, que eran las que cumplían con las condiciones mínimas de habitabilidad.

En declaraciones distribuidas a los medios, la consejera del ramo, Paloma Martín, ha criticado que el exministro José Luis Ábalos anunciase en julio de 2018 qeu se iban a levantar 20.000 viviendas para alquiler y posteriormente en marzo de 2021 dijese que serían 100.000. «Esta semana hemos conocido como el Gobierno vuelve a anunciar 50.000 viviendas de la Sareb que no son tales», ha señalado a continuación.

Además, ha apuntado a que se trata de «un segundo rescate, porque el Gobierno le quita a la banca de encima el problema de la gestión de los activos más tóxicos y con menos previsión de enajenación para traspasarlo a las comunidades autónomas haciendo pagar la factura a todos los ciudadanos».