La subdelegada del Gobierno en Huesca, Silvia Salazar. | SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO.

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La subdelegada del Gobierno en Huesca, Silvia Salazar, ha presentado este lunes un balance del impacto en la provincia de algunas de las principales medidas adoptadas por el Gobierno de España durante esta legislatura. Salazar ha destacado el compromiso «por llegar al territorio, por mejorar la calidad de vida de las personas y dar una respuesta a las crisis sobrevenidas sin dejar a nadie atrás».

Salazar ha subrayado «dos medidas de impacto que van a marcar esta legislatura», la reforma laboral y la revalorización de las pensiones. La primera ha permitido que en la provincia haya en estos momentos 37.845 contratos indefinidos, un 230% más que en 2019, cuando había apenas 11.466.

«En cuatro años se han más que triplicado los contratos indefinidos, lo que significa una mejora significativa en las condiciones de los trabajadores y trabajadores, que disfrutan de una mayor estabilidad», ha señalado Salazar, quien ha recordado asimismo la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.080 euros al mes.

Salazar ha apuntado además que «estas políticas de empleo, lejos de desincentivar las contrataciones, han hecho que hoy en la provincia haya 102.647 ocupados, 8.553 más que en 2018».

En cuanto a las pensiones, la subdelegada ha recordado que la derogación de la reforma de 2013 ha permitido este año subir las pensiones un 8,5%, situándose en 1.302 euros de media el mes en la provincia, 249 euros más que en 2018. La reforma de las pensiones aprobada la semana pasada da «tranquilidad a los pensionistas del futuro y demuestra que, al contrario de lo que venía ocurriendo en España y ocurre en otros países, se pueden hacer reformas no para recortar, sino para progresar».

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) cuenta en la provincia con 6.614 beneficiarios, de los cuales casi la mitad (3.177) son menores, lo que para Salazar lo convierte en «un apoyo fundamental para las familias que lo tienen más complicado, y sobre todo para evitar la pobreza infantil».

Respecto a las oportunidades para los jóvenes, y en el marco de la mayor partida de la historia destinada a becas, en la provincia se han concedido becas por valor de 3 millones de euros que han beneficiado a 1.592 estudiantes, de los cuales 388 son alumnos con necesidades especiales. Los jóvenes que cumplen 18 años disfrutan desde 2022 del bono cultural de 400 euros, con 1.161 beneficiarios en la provincia, «además de la ayuda indirecta que supone para librerías, teatros o salas de conciertos», ha destacado Salazar.

Alza de precios

Las medidas adoptadas por el Gobierno de España para paliar el alza de precios derivada de la guerra de Ucrania han permitido que en la provincia de Huesca el bono social eléctrico llegue a 5.407 beneficiarios y que 3.677 usuarios viajen de forma habitual con los abonos de transporte gratuito.

Sobre esto último, Salazar ha apuntado que «no solo ha permitido aliviar la economía de los trabajadores y estudiantes que se desplazan a diario, sino que ha supuesto un impulso decidido al ferrocarril como alternativa de transporte sostenible».

En el ámbito de la agricultura y ganadería, 38 explotaciones ganaderas de vacuno, caprino y ovino han recibido 700.00 euros para compensar las pérdidas generadas por el conflicto. Además, los agricultores han podido beneficiarse de las ayudas para compensar el incremento de los precios de los fertilizantes.

Plan de recuperación

«La respuesta europea a la crisis de la pandemia ha sido muy diferente a la de la crisis financiera de 2008. Esta vez la ayuda está pensada para las personas, las actividades que generan riqueza en el territorio y las administraciones más cercanas a la ciudadanía», ha indicado Salazar.

Los organismos de la Administración General del Estado ya están ejecutando en la provincia de Huesca cerca de 1.418 proyectos con más de 170 millones de euros de financiación.

En la provincia hay en estos momentos aprobados proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de Reto Demográfico (DUS 5000) en 18 localidades, por un montante de 4,3 millones de euros.

Salazar ha explicado que, con el objetivo de facilitar el acceso a los fondos europeos de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, el Gobierno ha firmado un contrato con la empresa pública Tragsatec para crear «antenas provinciales», equipos de asesores técnicos que ayudarán a los municipios a optar y sacar adelante estas subvenciones. En el caso de la provincia, serán cuatro los técnicos que prestarán este servicio en el territorio.

Más de 1.210 pymes ya son beneficiarias de proyectos del plan de recuperación, fundamentalmente del Kit Digital (1.208) y del programa de garantías financieras de CERSA (213).

En materia sanitaria, se han destinado más de 4,4 millones de euros a la adquisición de equipamientos de alta tecnología en los hospitales San Jorge y Provincial de Huesca y en el de Barbastro.
En cuanto a regadíos, y al cargo del PRTR, en la provincia se están desarrollando cuatro proyectos de modernización por más de 78,4 millones de euros.

La subdelegada del Gobierno en Huesca ha hecho balance de la labor desarrollada en los últimos tres años por la Subdelegación del Gobierno: «Hemos trabajado de forma muy cercana a los ayuntamientos, con cuestiones como la Administración cerca de ti, que ha llegado hasta ahora a 20 localidades para ayudar a sus vecinos con los trámites online; la gestión de las ayudas de la borrasca Filomena, o la tramitación para la instalación de cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad de los pueblos».

Salazar se ha mostrado «especialmente satisfecha» con «la gran implicación social e institucional que hay en la provincia de Huesca contra la violencia de género. »Dentro de la desgracia que es que ocurra este fenómeno, hemos podido sacar adelante la adhesión al Sistema VioGén de Barbastro, Binéfar y Fraga, y la semana pasada el Ayuntamiento de Jaca manifestó su intención de sumarse".

Además, «hemos impulsado como en ninguna otra parte de España la campaña del Punto Violeta, una acción que ha demostrado el alto compromiso del tejido social, empresarial y político de la provincia en la protección a las víctimas», ha concluido.