Los grupos de las Juntas de Bizkaia defienden que las indemnizaciones por amianto queden exentas del IRPF

Los grupos junteros han expresado este apoyo de forma verbal durante la Comisión de Hacienda y Finanzas, en la que se ha recordado que la exención fiscal es una reivindicación de la Asociación de Víctimas del Amianto y es una «cuestión de justicia» que la normativa tributaria incluya esta excepción en el IRPF, tal y como ocurre con otras exenciones.

Según han explicado desde las Juntas, «es la primera vez que los grupos junteros de Bizkaia concitan una unanimidad sobre este asunto tras la aprobación de la Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto».

En función de los datos que ha ofrecido la portavoz de Elkarrekin Bizkaia, Eneritz de Madariaga, «25.000 trabajadores vascos han estado en contacto con el amianto desde los años 80» y se calcula que más de 700 personas han fallecido como consecuencia de manipular este material en el trabajo.

Elkarrekin ha presentado a la Comisión una proposición no de norma en la que se defendía instar a la Diputación a «realizar las modificaciones oportunas en la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para incorporar a la misma la consideración de rentas exentas de tributación» estas compensaciones.

La iniciativa no ha prosperado al sumar los apoyos de los tres partidos de la oposición (Elkarrekin, EH Bildu y PP) pero contar con el voto en contra de los grupos del Gobierno foral, PNV y PSE-EE, que cuentan con mayoría en la Cámara.

Jeltzales y socialistas han defendido también la exención, pero han asegurado que «no es necesario» que la norma foral la recoja de forma expresa. El apoderado del PNV Unai Lerma ha explicado que el asunto ha sido tratado ya en el Órgano de Coordinación Tributario, que ha hecho una interpretación a favor de esta medida.

Lerma ha señalado que la normativa vizcaína recoge entre las exenciones «las indemnizaciones que sean abonadas por daños físicos en la cuantía legal y judicialmente reconocida», por lo que «evidentemente están exentas» estas compensaciones. De este modo, el apoderado socialista Alberto Álvarez ha dicho no tener duda de que «se van a recoger».

Por el contrario, los grupos de la oposición han apostado por que la norma incluya esta exención como ocurre con otras compensaciones. De Madariaga ha insistido en que esto «ya ocurre» con las compensaciones para las personas afectadas por el VIH, y ha recordado que su grupo ha presentado una iniciativa similar en los otros dos territorios para que la armonización fiscal «no sea un problema».

Bajada de los alimentos básicos

Por otro lado, la Comisión ha rechazado una proposición no de norma de EH Bildu para instar al Gobierno Vasco a implantar «un impuesto especial para gravar los rendimientos abusivos de las grandes cadenas de distribución alimentaria».

La proposición no de norma, apoyada por Elkarrekin Bizkaia, incluía otras demandas como «controlar proactivamente» el desarrollo de la bajada del IVA, «imponer multas» en los casos que fueran necesarios y «hacer cumplir» la Ley de la Cadena Alimentaria.

PNV, PSE y PP han rechazado la proposición. Para el PP, se trata de una iniciativa dirigida a «subir impuestos», que «puede incurrir» en implantar «una doble imposición». En opinión de los grupos del Gobierno foral, además de ser «inviable», el Ejecutivo vasco no puede implantar un impuesto especial, ya que no lo permite el Concierto Económico. En cuanto a las medidas de control de los precios, han demandado que esta cuestión se debata en el Parlamento Vasco, que sí tiene competencias.

Caso 'de miguel'

Finalmente, Elkarrekin Bizkaia ha preguntado en la comisión al diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga, por una inspección fiscal que la persona denunciante del llamado 'caso De Miguel' «sufrió el 2 de marzo de 2018», según el juntero Xabier Benito, «tan solo tres días antes de tener que ratificar» dicha denuncia.

El diputado ha recordado que la normativa no le permite facilitar información sobre casos y contribuyentes concretos y ha explicado, en relación a la proximidad de estos dos hechos, que las indagaciones de Hacienda «han podido empezar meses antes».

Iruarrizaga ha explicado que, cuando su Departamento detecta indicios de que se están inclumpliendo las obligaciones tributarias, se inicia un procedimiento que puede acabar o no en la apertura de un expediente.

Según ha apuntado, en una primera fase, hasta «cuatro funcionarios» de distintas subdirecciones de Hacienda inician las primeras indagaciones y, si ven indicios de irregularidades, las elevan al director de Hacienda. Una vez abierto el expediente, se asigna el caso a otro funcionario. Iruarrizaga ha lamentado que Elkarrekin deje «sombras de dudas» sobre los servicios de Inspección que desarrollan estos procedimientos de manera «objetiva» y de forma «muy tasada».