La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de 12 años de prisión para el expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus por las piezas B y F del caso Imelsa, conocidas como las de los 'zombies', mientras que eleva la pena para el exgerente de la empresa pública Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero', al eliminar la circunstancia atenuante de arrepentimiento. De esta forma, le relama también 12 años de cárcel frente a los nueve y medio que solicitaba inicialmente.
Así lo ha avanzado el fiscal cuando ha elevado a definitivas sus conclusiones en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia por el conocido como caso Imelsa, en el que se ha juzgado a 25 personas --inicialmente eran 26 pero se acordó dejar a una de ellas para un procedimiento separado--. Once de los acusados han reconocido los hechos delictivos y han alcanzado un pacto con las acusaciones, por lo que se les ha fijado la pena de 14 meses de cárcel.
Entre las personas juzgadas en este procedimiento se encuentra Rus, el exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exdiputado Rafael Rubio (PSPV), el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla y el exdiputado del PP Salvador Enguix.
Se trata del segundo juicio de la macrocausa de Imelsa, puesto que en mayo de 2022 se juzgó la primera de ellas, la relativa a Thematica, con el exgerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, el autodenominado 'yonki del dinero', como principal acusado y quien fue condenado a ocho años de prisión.
Fiscalía mantiene los 12 años de prisión para Rus por los delitos de pertenencia a organización criminal, un delito continuado de malversación de caudales públicos, de prevaricación administrativa y de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público.
Para el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla y el exjefe de gabiente de Rus, Emilio Llopis, reclama la misma pena que para el expresidente de la Diputación por idénticos delitos, además de multa e inhabilitación.
A Marcos Benavent, el ministerio público le ha elevado la pena y le reclama 12 años de cárcel al eliminar de su escrito provisional la circunstancia atenuante de arrepentimiento --inicialmente le pedía nueve años y medio de prisión--.
Por su parte, para el exdiputado provincial y exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio --también investigado en el conocido como caso Azud--, el fiscal le mantiene los seis años de prisión aunque le modifica la autoría del delito de falsedad particular por el de falsedad de documento público, aunque este cambio no le ha supuesto un aumento de pena, según ha trasladado el fiscal al tribunal juzgador.
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