Según expone el PP-A en su iniciativa, la unidad de la policía adscrita realiza una labor encomiable, reconocida socialmente y con verdadera profesionalidad y vocación de servicio público.
Sin embargo, y a pesar de la importancia de su cometido, esta unidad «lleva quince años en un limbo legal que la ha colocado en una difícil situación, sobre todo en lo que atañe a la plantilla», según se añade.
El PP-A explica que, según datos oficiales, a enero del presente año, sólo cuenta con 419 agentes, es decir, «menos del 60% de los que debería tener según el número de efectivos asignados en el catálogo de puestos de trabajo --725-- y bastante por debajo del millar al que se comprometieron los gobiernos socialistas de España y de Andalucía en diciembre de 2007».
Según el Grupo Popular, el escollo a día de hoy para acabar con la demora «injustificada a la actualización de dicho convenio es la exigencia del Ministerio del Interior de eludir el pago íntegro de las nóminas de los agentes, pretendiendo de este modo que el Gobierno andaluz asuma parte de ese gasto».
Para el PP-A, este hecho no sólo supondría romper con el procedimiento habitual desde el origen de la unidad, y es que el Gobierno de España es el que soporta el pago de los agentes que son funcionarios del Estado, del Cuerpo Nacional de Policía, sino que además «supone otro agravio» para Andalucía, puesto que en otras comunidades, la administración estatal «sufraga la totalidad de las nóminas de la plantilla».
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