Así se desprende del escrito, consultado por Europa Press, que ha remitido esta acusación al Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid, encargado de investigar este procedimiento en el que hay 17 acusados, entre ellos el empresario Vicente Huerta.
La Generalitat ha enviado este escrito --adelantado por Levante-EMV-- después de que el juzgado les trasladara un auto el pasado 12 de enero en el que preguntaba a las partes sobre el mantenimiento o no de las penas reclamadas en la causa tras la modificación del Código Penal introducida por la LO 14/2022 sobre el delito de malversación.
Inicialmente, la Abogacía de la Generalitat Valenciana reclamaba 15 años de prisión para Castellano, al que atribuía un delito de prevaricación; cohecho; malversación de caudales; falsedad en documento público y delito de organización criminal. Junto a la cárcel, reclamaba multa e inhabilitaciones.
Ahora, con la modificación del delito de malversación, esta acusación mantiene la petición de la misma pena en su escrito de conclusiones provisionales.
Para fundamentar su solicitud, se remite a un reciente auto del TS en el que, entre otros aspectos, señala que «la nueva regulación prevé la misma pena que la legislación anterior para todos los supuestos en los que la autoridad o funcionario público, con ánimo de lucro, se apropie o consienta que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas».
Consecuentemente --agrega--, «si los hechos enjuiciados fueren susceptibles de integrarse en el artículo 432 del Código Penal vigente a la fecha en que los hechos tuvieron lugar y satisficieran, además, las exigencias de punición del tipo penal descrito en la nueva norma (sin ser merecedores de la aplicación de ninguno de los nuevos subtipos atenuados), no podría apreciarse que se haya introducido un régimen de sanción favorable para los encausados que determine la aplicación retroactiva de la norma en este aspecto».
Penas de la fiscalía
La Fiscalía Anticorrupción eleva la petición de pena de Castellano a los 21 años de prisión, tal y como se desprendía de su calificación provisional, y pide otros 33 años para Vicente Huerta.
Los hechos se remontan al periodo comprendido entre 1999 y, al menos, 2018, en relación con la actividad de contratación del sector público en el ámbito de la navegación aérea, fundamentalmente en el de la extinción de incendios forestales.
Según mantiene el fiscal, con estos contratos se desarrollaron «múltiples conductas ilícitas» y algunos acusados lo hicieron con ocasión del ejercicio de su actividad como autoridades y funcionarios públicos relacionados con los procesos de contratación, «como es el caso de Serafín Castellano», conseller de Justicia y Administraciones Públicas entre 1999 y 2000; de Sanidad entre 2000 y 2003; y de Gobernación y Justicia entre 2007 y 2014.
Se creó una «asociación» de personas y empresas del sector de extinción de incendios que, con previos pactos «clandestinos y ánimo de lucro», imponían a las administraciones contratantes precios superiores de los que derivarían de la libre y transparente concurrencia y ello mediante el reparto fraudulento del mercado; o con el uso de mecanismos de expulsión de otros eventuales ofertantes y de ardides o técnicas fraudulentas de elevación de los costes de contratación de los servicios a satisfacer por parte de la administración contratante.
En todo caso, los empresarios acusados actuaban ante la administración en los procesos de contratación con una «engañosa puesta en escena», que aparentaba libre concurrencia, mediante la cual obtenían la adjudicación contractual para quien se habían propuesto.
En otras ocasiones, fue con ilícito auxilio de autoridades y funcionarios, que se obtenía la imposición a la administración contratante de incrementos de estos costes mediante generación arbitraria e injustificada de modificaciones contractuales, de prorrogas, o mediante la admisión y satisfacción indebida de facturas no justificadas.
Dentro de esta operativa, Vicente Huerta realizó regalos y dádivas a tal fin. Esto se produjo en favor de Serafín Castellano, entre otros, a quien obsequió --siempre según el mismo escrito fiscal-- con cacerías, monterías, hospedajes, viajes, material cinegético, dinero en metálico y otros presentes (baúles con jamones 5J y similares).
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.