Se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en la presentación de la segunda edición de la red de voluntariado y mediación digital entre mayores.
Maru Díaz ha sostenido que la ley «tiene un montón de avances, que los iremos viendo a lo largo de los años», como lo que ha ocurrido «en nuestra comunidad autónoma, en los últimos días, por desgracia, que si no fuera por la ley ni tan siquiera hubieran tenido protección».
Por lo tanto, ha continuado, «va a haber muchísimos delitos que si no fuera por esta ley no serían protegidos, muchísimas mujeres que no iban a ser creídas» y lo que está ocurriendo ya sucedió con la Ley de Violencia de Género, como ha manifestado el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, porque «cuando se hacen avances en derechos sociales, sobre todo en derechos feministas, hay una parte de la judicatura que se rebela».
La líder de Podemos Aragón ha abundado al señalar que en el caso de la ley de violencia de género «hubo más de 200 recursos de inconstitucionalidad y un 160 por ciento más de sobreseimientos, es decir, de maltratadores que se quedaron en la calle», algo que sucedió «porque hay una parte de la justicia a que le falta formación en la aplicación y sensibilidad».
Ha añadido que su reivindicación ha sido, para que esto no pasara, que las revisiones de las condenas «se hicieran por los juzgados de violencia de género, especializados y puesto que las agresiones sexuales son una forma de violencia de género fuera del ámbito familiar».
Empatía
Maru Díaz ha añadido: «Creo que estamos intentando mostrar empatía con la situación, buscar soluciones» y «el ministro de Justicia tiene hasta tres borradores de propuesta de modificación» ya que el Ministerio de Igualdad "lleva desde el principio, cuando se vieron las rebajas de penas, abierto a hacer reformas, y se han planteado hasta tres dentro del Código Penal.
La líder de Podemos Aragón también ha contado que se ha planteado un paquete de diez medidas «para asegurar que lo que está pasando no se llevará a cabo» y, por lo tanto, «desde el primer momento, el Ministerio de Igualdad ha manifestado su sensibilidad con la situación y la búsqueda de soluciones».
«En ningún caso nadie está ni enrocado, ni intentado no ver cuál es la gravedad de la situación», ha esgrimido, para opinar que es obligación del gobierno de coalición en España de llegar a un acuerdo. «En eso es en lo que se está trabajando, la solución no es sencilla, el Consejo General del Poder Judicial no adivinó que podía haber esta mala aplicación de la ley, y si el órgano máximo de responsabilidad no hizo este aviso, es porque la aplicación está siendo bastante controvertida».
Ha reconocido que la solución «tampoco es sencilla», pero eso «no significa que no se está trabajando para intentar modificarlo, para asegurar que la ley consigue proteger a las mujeres y evitar que a una mujer le pregunten si se resistió o no ante una violación».
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