El Gobierno andaluz ha difundido la misiva tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, donde se ha hecho pública que el presidente andaluz trabajaba en esa petición de comparecencia ante el Consejo de Estado para plantear las alegaciones andaluzas a la merma de agua que se recibiría para el cultivo por el hecho de tener que aumentar el caudal ecológico del Tajo, según ha explicado este martes la consejera de Agricultura, Carmen Crespo.
La misiva de Moreno concluye con la petición de que «se acuerde conceder audiencia a la Comunidad Autónoma de Andalucía como Administración directamente interesada en el asunto sometido a consulta, a los efectos de que puedan ser oídas las alegaciones que esta Comunidad Autónoma pueda hacer sobre el proyecto de Decreto remitido al Consejo Nacional del Agua que fue modificado durante el debate que se produjo, por lo cual se generaron dudas sobre la disposición adicional novena del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo para el tercer ciclo de planificación (2022-2027), con el fin de que las mismas puedan ser tenidas en consideración por el Consejo antes de la emisión de su preceptivo informe».
Las reclamaciones de Andalucía ante la pérdida de agua para el cultivo es compartida con las regiones de Valencia y Murcia.
Moreno hace números en su carta a la presidenta del Consejo de Estado para retratar el retroceso que supone el nuevo diseño del trasvase Tajo-Segura y pone de manifiesto que «el acueducto Tajo-Segura puede proporcionar más de 20 hectómetros cúbicos anuales de recursos que resultan imprescindibles para atender tanto el abastecimiento de la población como a una actividad económica esencial como es la agricultura de alto valor añadido que se lleva a cabo en el Levante almeriense».
Con este argumento el presidente de la Junta de Andalucía advierte de que la merma de 20 hectómetros cúbicos «posee una gran transcendencia no sólo por su peso en la economía provincial, sino por la labor de fijación de población a un territorio que, como ya se ha dicho, sufre de un problema estructural de falta de recursos hídricos».
El presidente de la Junta de Andalucía prosigue explicando en su misiva a Magdalena Valerio que «durante la fase de información pública de la tramitación del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo para el horizonte 2022-2027 la Comunidad Autónoma de Andalucía ha presentado distintas alegaciones, que no han sido atendidas», entre las que enumera «incertidumbres de carácter técnico y metodológico en la determinación de los caudales ecológicos propuestos para el río Tajo».
"los nuevos caudales ecológicos resultan excesivos"
Moreno señala en la carta que «la Comunidad Autonóma de Andalucía presentó igualmente justificaciones técnicas para mostrar que los nuevos caudales ecológicos que recoge el Plan resultan excesivos».
Crespo ha explicado en rueda de prensa que la revisión del trasvase Tajo-Segura es una sentencia judicial que obliga a preservar el caudal ecológico del Tajo, para el que se estimó que con una cantidad de 6 metros cúbicos por segundo se podría dar cumplimiento a esa exigencia.
La iniciativa se abordó en una reunión del Consejo Nacional del Agua de diciembre y que había consenso entre las comunidades autónomas afectadas en asumir la medida, pero no así en la cantidad finalmente decidida para preservar el caudal ecológico del Tajo, que es de 8,6 metros cúbicos por segundo, una cifra que «no han avalado ni Murcia ni Valencia ni Andalucía», por lo que ha esgrimido que «han cambiado las reglas del juego».
Moreno argumenta que «los caudales ecológicos fijados son una restricción previa al uso consuntivo en los sistemas de explotación de cada demarcación, por lo tanto, hay que tener en consideración que las disposiciones que regulan el funcionamiento del Acueducto Tajo-Segura se verían fuertemente afectadas por la implantación del régimen de caudales ecológicos en el río Tajo», razonamiento del que concluye que con ello se estarían «lesionando gravemente los intereses de la Comunidad Autonóma de Andalucía al afectar claramente a la baja los volúmenes actualmente trasvasados».
El presidente de la Junta cierra su argumentación señalando que la norma reguladora del Consejo de Estado, la Ley Orgánica 3/1980, y el Reglamento Orgánico de este organismo consultivo, prevén que «pueden ser oídos ante el Consejo los directamente interesados en los asuntos sometidos a consulta», así como que «la audiencia se acordará por el presidente» y que «la audiencia se concederá, en todo caso, cuando en la consulta esté directamente interesada, y así lo manifieste, una Comunidad Autónoma».
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