Cambray dice que hay un "diálogo abierto" con los sindicatos y augura un nuevo acuerdo

«Estamos a punto de firmar un nuevo acuerdo con los últimos flecos», ha avanzado en una entrevista en TV3 de este lunes recogida por Europa Press, y ha cifrado en 13 las reuniones de mesas sindicales que han mantenido en 2022.

Ha atribuido la huelga convocada para los días 25 y 26 de enero por el sindicato Ustec·Stes al calendario electoral sindical y ha augurado que «la ciudadanía no entenderá en estos momentos nuevas movilizaciones».

Tras la incorporación de 3.566 nuevos docentes en los centros públicos por la reducción de una hora lectiva --producto de un acuerdo con los sindicatos--, ha subrayado que la relación entre profesores y alumnos es la más baja en la historia de Catalunya y ha pedido tranquilidad y confianza para que los profesionales puedan trabajar.

Resultados y avance del curso escolar

Cambray ha insistido en que la Conselleria está «generando cambios imprescindibles para comenzar una nueva etapa», ha convenido en que ello puede generar desajustes iniciales fruto de la adaptación y ha pedido más recursos para culminar la transformación que a su juicio necesita el sistema educativo catalán.

Ha insistido en que el avance del curso escolar --que provocó el rechazo de los sindicatos-- es una buena medida para el alumnado y las familias y ha abierto la puerta a nuevas medidas que mejoren la implementación del nuevo calendario.

En esta línea, ha recordado que la decisión sobre el inicio del curso 2023-2024 está condicionada a una evaluación externa sobre cómo ha funcionado para este curso: «Con toda la información evaluaremos y tomaremos las mejores decisiones conjuntamente».

Preguntado por los resultados de las competencias básicas, el titular de Educación los ha calificado de malos y con «mucho margen» de mejora, y ha convenido en que una parte se puede atribuir a la pandemia y otra al momento de cambio necesario, en sus palabras.

Sobre la presencia del catalán en las aulas, ha celebrado que la Generalitat haya conseguido «parar el goteo» de órdenes judiciales que imponían el 25% de castellano en las aulas y ha reivindicado que, desde la entrada en vigor de la ley del catalán y del decreto ley, no se han aplicado porcentajes en nuevos grupos, si bien se han mantenido en los 26 casos en los que ya estaba en marcha.