La Coordinadora Valenciana de ONGD ha mostrado su «decepción» por la sentencia del Tribunal Supremo que resuelve los recursos de varias partes del llamado 'caso Cooperación' y que, aunque estima parcialmente el presentado por este colectivo --que ejerce como acusación popular-- no revisa al alza las sentencias impuestas a los principales condenados, entre ellos el exconseller Rafael Blasco, «a pesar de la gravedad de los hechos que se confirman probados y de no haber devuelto lo robado».
La sección segunda del Tribunal Supremo ha acordado que la Audiencia de Valencia recalcule, en ejecución de sentencia, la prisión a imponer al exconseller de Solidaridad y Ciudadanía con el PP, Rafael Blasco, y al empresario Augusto César Tauroni, por el caso de la malversación en ayudas a ONG y el proyecto fallido para la construcción del hospital de Haití, tras la correspondiente «compensación» con la pieza 1, en la que se le impuso seis años de cárcel por irregularidades en ayudas a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua.
El alto tribunal ha resuelto los recursos de apelación presentados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que condenó a Blasco por malversación y ha aplicado la atenuante de confesión tardía tanto para él como para el que fuera su alto cargo Marc Llinares, si bien no varía por este motivo la pena de prisión impuesta a ambos, que fue de un año de cárcel para el exconseller y dos años y nueve meses para el que fuera su jefe de gabinete.
Al respecto, la Coordinadora señala que, pese a haberse reconocido parcialmente su recurso, el Alto Tribunal no ha revisado «las penas ridículas impuestas por la Audiencia a los condenados a pesar de la gravedad de los hechos probados».
Y es que el Tribunal Supremo ha desestimado los recursos interpuestos tanto por la Coordinadora como por la Abogacía de la Generalitat en relación a la constitución de organización o grupo criminal por parte de los condenados.
"trama perfectamente organizada"
La Coordinadora «respeta pero no comparte en absoluto esa decisión», porque entiende que «si algo ha quedado probado a lo largo de las diferencias piezas de este procedimiento, es la existencia de una trama, perfectamente organizada y estructurada, encabezada por Rafael Blasco y de la que formaban parte funcionarios y empresarios, cuya finalidad última era desviar dinero público destinado a cooperación para el lucro personal de los integrantes de la trama».
«Todos los tribunales han constatado, sin ninguna duda, que esta trama corrupta saqueó los fondos destinados a cooperación durante años. Para hacerlo, crearon ONG falsas, falsificaron todo tipo de informes, forzaron a funcionarios a prevaricar, malversaron dinero público, y un largo etcétera de delitos probados», inciden.
«Nos sigue causando tristeza, rabia e indignación que hechos tan graves y tan inmorales, hechos que han supuesto robar el dinero destinado a ayudar a las personas más excluidas, se hayan saldado con unas penas de prisión realmente irrisorias», explica Carles Xavier López, portavoz de la Coordinadora para el caso.
Especialmente «alarmante» --consideran-- es el hecho de que «se ha defraudado millones de euros, que no han sido devueltos, cuya cuantía concreta ni siquiera han sido fijados judicialmente ni por la Audiencia Provincial ni por el Tribunal Supremo».
«Desde la Coordinadora pensamos que esto traslada un mensaje de impunidad muy grave, ya que a los condenados se les ha aplicado la atenuante de reparación del daño cuando no han reparado absolutamente nada y ni siquiera han realizado un esfuerzo real por hacerlo», manifiestan.
A modo de ejemplo, apuntan, Rafael Blasco, «a pesar de los innumerables cargos políticos que ha ostentado, se presentó en el juicio como un jubilado insolvente, aportando para responder por lo robado propiedades que, o bien ya estaban embargados o bien no estaban a su nombre». Su capacidad de «ocultación» patrimonial ha sido premiada por la Administración de Justicia", reprocha López.
"La recuperación de los fondos es el único de los tres objetivos que nos marcamos en la Coordinadora al personarnos en la causa, que no hemos logrado.
Un equipo de personas voluntarias junto al abogado contratado, Raúl Vidal Sánchez, ha estudiado durante años un caso cuya instrucción constaba de más de 50.000 folios en 168 tomos, y 24 piezas separadas con más de 40.000 folios con documentación intervenida en las entradas y registros de domicilios.
Además, constaban en la instrucción más de 35.000 correos electrónicos y escuchas telefónicas que han dado lugar a la formación de quince tomos más, y se han analizado el contenido de 75 dispositivos informáticos intervenidos, con miles de archivos que ocupaban más de 5.000 gigabytes.
En cuanto al coste económico de diez años de litigios frente a algunos de los equipos de abogados mejor pagados, más de la mitad de los cerca de 72.000. euros que han costado la personación se han sufragado a través de la colaboración ciudadana por medio de crowdfunding, venta de camisetas y actividades de recaudación de fondos. El resto ha tenido que salir de los fondos propios a lo largo de la década.
«Nosotros no nos hemos rendido, pero ha tenido un coste difícilmente asumible por la ciudadanía. Sería importante reflexionar como sociedad si éste es el tipo de justicia que queremos tener, con tanto David luchando contra Goliath», concluye el portavoz de la Coordinadora.
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