Esta medida, establecida por el Ejecutivo para frenar la propagación de la covid-19, fue recurrida a los tribunales y el TSJPV dio la razón a los hosteleros. El Gobierno Vasco interpuso recurso de casación que el Tribunal Supremo ha inadmitido a través de una providencia dictada el pasado 15 de diciembre.
Tras el rechazo a la impugnación del TS, al entender que «carece de interés casacional objetivo» e imponer al Ejecutivo el pago de las costas del procedimiento, que se fijan en un máximo de 2.000 euros, la sentencia del TSJPV del 5 de mayo de 2022 --que declaraba nulo el cierre de la hostelería en municipios en Zona Roja-- será firme al no haber ya posibilidad de recurso alguno.
Será después de que esta se publique en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), cuando, según los hosteleros, aquellos que resultaron perjudicados económicamente por el cierre de sus locales como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno autonómico, podrán realizar reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra la Administración vasca.
Denuncia de "injusticia"
Las Asociaciones de Hostelería de Bizkaia y Gipuzkoa y SEA han destacado, en un comunicado, que las decisiones de los tribunales demuestran «la injusticia cometida contra la hostelería vasca al reconocer, de manera clara, la ausencia de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas contra el sector a lo largo de la citada crisis sanitaria».
Además, han subrayado que se trata «del quinto revés judicial» al Ejecutivo vasco «en su particular conflicto con el sector hostelero de Euskadi». También animan a aquellos establecimientos que, en su día, fueron sancionados por incumplir la medida establecida y ahora anulada, a que exijan su nulidad y la devolución de las cantidades pagadas.
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