El exresponsable jurídico de Divalterra José Luis Vera ha asegurado este martes que las contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en la empresa pública venían nombradas «desde arriba», por parte del PSPV «del presidente de la Diputación» y por parte de Compromís «de la vicepresidenta o la secretaria general», y que los gerentes estaban «incómodos y preocupados». «Les venía completamente impuesto», ha aseverado.
Vera ha comparecido en calidad de testigo ante el tribunal que juzga el conocido como 'caso Alquería', con 14 acusados por contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos de Divalterra para favorecer al PSPV y a Compromís.
Al margen de esta causa, que arrancó hace dos semanas en la Audiencia de Valencia, el exresponsable jurídico está implicado en el 'caso Azud', en el que se investigan supuestas 'mordidas' a cambio de adjudicaciones de obra pública del Ayuntamiento de València. Eso sí, el tribunal ha advertido en esta sesión que solo se realizarían preguntas relativas a 'Alquería'.
Según ha relatado al fiscal, Vera entró en la sociedad en junio de 2015 y no tuvo que ver con las siete contrataciones de alta dirección, aunque sí tuvo constancia de que era una «especie de rumor» que se iba a fichar a «por decirlo de alguna forma, gente de confianza de la Diputación». «En ningún momento se me pidió un informe hasta posteriormente», ha recalcado.
Respecto a si los entonces gerentes le comunicaron que se iban a efectuar esos contratos, ha afirmado que Josep Ramon Tíller era «una persona bastante discreta salvo cuando llegaba a enfrentarse en sus disputas con el presidente (Jorge Rodríguez), que eran continuas y lo que le llevó a destituirlo».
En cambio, ha asegurado que la otra gerente, Agustina Brines, «solo» le preguntó si estos cargos debían incorporarse por concurso o libremente y lo hizo de forma «informal». «Le dije que parece obvio que tienen que entrar por concurso», ha apuntado.
De acuerdo a su versión, los gerentes estaban «evidentemente preocupados porque todas las personas les venían dadas de obligado cumplimiento desde arriba y se sentían incómodos, algunos por el tipo de proceso y otros por el tipo de personas».
«En un momento creo que de sinceridad, Brines dijo que el problema era que tienen que venir sí o sí y que, entre amañar un concurso o contratar por alta dirección, si algún día tenía que explicarlo a un juez, prefería decir que utilizó los de alta dirección pero que nunca había amañado un contrato».
La gerente, "un poco abochornada"
Preguntado por Raúl Ibáñez, uno de los altos cargos, Vera ha sostenido que le sorprendió y «enfadó» cuando la gerente le dijo que se iba a incorporar al área que él dirigía, y que «la propia Brines estaba un poco abochornada frente a eso» y él sondeó sus aptitudes y no le «generó una gran tranquilidad».
«Un día, casi entiendo que por casualidad, Brines me presentó a Xavier Rius --actual diputado provincial de Compromís-- y se acercó hablándome muy bien de Raúl Ibáñez y me dijo que había llevado la acusación de Terra Mítica. Me sorprendió porque esa acusación la llevé yo», ha expuesto, para subrayar que finalmente «lo nombraron».
A preguntas de la acusación particular del PP, Vera ha citado a los cargos propuestos por Compromís y PSPV y ha apuntado que uno de estos últimos, Miguel Ángel Ferri, «según se decía era muy amigo (de Rodríguez) porque habían trabajado en Ontinyent».
Sobre de dónde venían las contrataciones, ha señalado que «era una cosa bastante clara: por lo menos lo que transmitían es que arriba en el PSOE era del presidente de la Diputación y del consejo de administración y de Compromís no sé si la vicepresidenta o la secretaria general». Ha remarcado que Brines estaba «muy incómoda e inquieta», pero siguió con la contratación porque «no tenía más remedio» que hacerlo o dimitir, y que tanto ella como Tíller «prácticamente no conocían a la gente».
Después ha relatado que exigieron a la gerente que despidiera a 30 personas y él la encontró «ansiosa, llorando», con una presión «brutal hacia ella», ante lo que ha dicho que le recomendó que aguantara el «tirón»: «Aquello no tenía un asesoramiento jurídico, era como decir: me estás machacando».
Cuando Tiller abandonó la empresa y entró como gerente Víctor Sahuquillo, Vera ha contado que este «se interesó mucho por las personas que habían entrado como altos directivos» y pidió un informe al abogado externo de recursos humanos.
"guerra interna"
A partir de ahí, ha explicado que «empezó una tensión entre él (Sahuquillo) y mucha gente y la propia Brines». «Había una especie de guerra interna: le remitía informes a Jorge Rodríguez y existía, creo que por su parte, una voluntad de quitar a personas que habían sido contratadas como altos cargos; no tanto por la forma de contratación, sino porque querían otro tipo de personas en ese lugar», ha relatado, lo que según él derivó en «una guerra de informes» externos entre las áreas de PSPV y Compromís.
El testigo ha señalado que solo le pidieron un informe a él «después de nueve que se habían cruzado entre ellos» sobre los altos cargos y que los gerentes le indicaron que era a petición de Rodríguez. «Ya tenemos el lío. ¿Ahora qué hacemos?», ha ilustrado.
En este informe, tras remarcar que él les dejó claro que no es especialista en derecho laboral, ha asegurado que constató que «había una irregularidad en esos contratos» y planteó que o bien podían considerarse como laborales y no de alta dirección --algo que «se hacía en la propia Imelsa»-- o la alternativa «un poco provocativa» de sacar las siete plazas a concurso «si no son necesarias».
«No me consultaron absolutamente nada mas, después del informe solo me llegó algo así como que no me había mojado lo suficiente o que no había hecho un informe que les salvara la cara y pasaron de mí», ha aseverado.
Sin embargo, a preguntas de la abogada de Rodríguez ha matizado que envió otro informe al presidente en el que planteó como posibilidad contratarlos de alta dirección, aunque ha puntualizado que su relación con el también alcalde de Ontinyent fue «muy discreta» y se centraron «más en hablar de (el caso) Taula que de otra cosa». «No lo conocía de nada», ha subrayado antes de recordar que a él le propuso del exportavoz socialista José Manuel Orengo y «esto no era plato de buen gusto».
Dice que rodríguez amenazó con cesarle
Cuestionado por el fiscal por si mantuvo conversaciones con Rodríguez o con su exjefe de gabinete Ricard Gallego o si le solicitaron algo, Vera ha contado que compartió por teléfono «palabras muy gruesas» con Gallego cuando este, según él, le pidió «tirar a esos hijos de puta de (José Luis) Pellicer --denunciante del caso y exresponsable jurídico-- y a (Alejandro) Muñoz --auditor interno--». «Tuvimos un rifirrafe muy serio y cogió el teléfono Rodríguez y me dice: ¿Tú sabes que yo te puedo cesar? Le dije, ya estás tardando, y ahí quedó».
Dicho esto, ha remarcado que le consta que Brines planteó que los contratos tenían que cesar y «Rodríguez le contestó que no se cesaban y a partir de ahí dependían directamente de él». Ha confirmado además que eran personas dependientes del PSPV y nombradas por Sahuquillo.
Respecto a la etapa en la que Vera estuvo de baja, entre diciembre de 2016 y mediados de 2018, ha asegurado que se mantuvo al tanto de la situación «tremenda» de la empresa, con «presiones y una especie de barbaridades con Gallego y (Jorge) Cuerda --letrado-asesor y otro de los acusados--».
Cuando regresó a la empresa ha concretado que los altos cargos ya habían cesado «porque había un escándalo público (...) y la mejor solución era quitarlos de encima». «Después no pasó nada: no se nombró a nadie y siguió todo igual», ha añadido.
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