El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, este martes en rueda de prensa. | VOX

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El portavoz del Grupo Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado este martes en rueda de prensa que «es muy grave que el Gobierno de la Junta solicite el archivo de varias piezas del mayor caso de corrupción de la historia de España, los ERE, con lo que pone en serio peligro la posibilidad de recuperar los 680 millones de euros robados a los andaluces por los socialistas».

Gavira ha hecho esta apreciación tras conocer una resolución del juez de instrucción del Juzgado número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, que entraña una advertencia a los funcionarios y autoridades de la Junta por la forma en la que se está ejerciendo la acusación particular en el caso de los ERE por parte de la Administración autonómica, según una nota de este partido.

Para el portavoz parlamentario de Vox, «es muy grave que sea la propia Junta la que esté solicitando a la Justicia el archivo de un procedimiento, después de que una sentencia firme del Tribunal Supremo haya ratificado las condenas por el robo de 680 millones de euros a los andaluces» y sobre todo «cuando anteriormente, en las fases oportunas de este mismo procedimiento judicial solicitó justamente lo contrario a lo que ahora pide a la Justicia, que continuase el procedimiento».

«Ésta es la administración que tenemos en Andalucía y los andaluces deben saberlo», ha aseverado Gavira, quien ha recalcado que «desde Vox vamos a seguir reclamando y exigiendo a Moreno Bonilla que adopte las medidas necesarias para recuperar hasta el último céntimo robado a los andaluces».

Vox señala que el magistrado considera que la Administración autonómica mantiene una «equivocado comportamiento procesal» por cuanto renuncia a reclamar los fondos públicos malversados.

Este partido recuerda que en enero de 2019 la Junta, gobernada ya por el gobierno de coalición entre PP y Cs, presentó un recurso contra la decisión de la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, de cerrar la causa matriz de los ERE, afirmando que era «prematura».

Los servicios jurídicos de la Junta consideraban, ha rememorado Vox, que la decisión de la magistrada vulneraba los derechos de la acusación particular que ejerce la Junta, «al resultar perjudicada por los fondos públicos indiciariamente malversados».