«Y no solo en este caso, por no contestarnos a nosotros, sino por todos los episodios y sucesos de desacato a sentencias, de promoción de ilegalidades y de subvertir el orden constitucional», ha dicho en una entrevista de Europa Press sobre el juicio a Reguant, que no contestó al partido --que ejercía como acusación popular-- como acto de protesta.
Además, el líder de Vox en Catalunya ha pedido ilegalizar a los partidos independentistas --ERC, Junts y CUP-- porque, a su juicio, «su objetivo político es destruir la unidad de la nación», y ha argumentado que eso no supone silenciar a los catalanes sino preservar la Constitución.
Ha mantenido que la mesa de diálogo --que tacha textualmente de mesa de la traición-- «es una estratagema más de Pedro Sánchez para permanecer en Moncloa y seguir avanzando en sus asaltos a las instituciones del Estado», y no ha descartado que el Gobierno y la Generalitat pacten en este espacio una reforma del delito de sedición o un referéndum de independencia.
Garriga ha advertido de que, en contra de lo que asegura el PSC, el diálogo no ha rebajado tensiones en Catalunya, donde «sigue habiendo un clima de violencia política, de falta de libertad política, de odio, de división y confrontación», y ha reprochado al líder del PSC, Salvador Illa, que tienda la mano al Govern en lugar de ejercer de líder de la oposición, ha dicho.
En ese sentido, ha reivindicado aplicar un 155 «duradero» en Catalunya para suspender la autonomía mientras no haya mayorías suficientes en el Congreso para recentralizar competencias, y para así garantizar que un 25% de las clases se impartan en castellano, como ordenó la justicia antes del nuevo marco legal catalán que prohíbe porcentajes en la enseñanza.
Con todo, Garriga ha considerado que la «rebeldía del separatismo» no se produce solo en el ámbito lingüístico y ha avisado de que fiscalizarán los Presupuestos de la Generalitat para ver dónde destina el dinero el Govern, que considera que solo se centre en la hoja de ruta independentista y deja de lado los problemas de los catalanes.
También ha asegurado que el Ejecutivo catalán está inmerso en una crisis constante, a raíz de las diferencias entre ERC y Junts, y que «lo que mejor podría pasar al conjunto de los catalanes es que ese gobierno se disolviera de manera inmediata y se convocaran elecciones».
Además, ha criticado que el Govern quiera prohibir fumar en las terrazas, entradas escolares y marquesinas, y ha llamado al conseller de Salud, Josep Maria Argimon, a reducir las listas de espera en sanidad, reforzar los CAPs y mejorar la atención a la salud mental de los jóvenes: «Ahí es donde debería estar el señor Argimon, y no persiguiendo una vez más a los hosteleros y a quien decide fumarse un cigarro o un puro donde considera más conveniente».
Municipales y barcelona
Garriga ha descartado «rotundamente» dejar su puesto en el Parlament para presentarse como alcaldable en las elecciones municipales de Barcelona, y ha asegurado que aún no han escogido a los candidatos para las capitales de provincia --prevén anunciarlos entre octubre y principios de noviembre--.
Ha apostado por alcaldables afiliados y ha descartado traer a dirigentes de otro territorio, como hizo Vox al situar al frente de la lista de las autonómica andaluzas a la entonces dirigente del partido Macarena Olona: «No hay mejor candidato que alguien que sufra, por ejemplo, cómo Barcelona se ha convertido en la ciudad con más delitos por habitante en 2022».
Ha augurado buenos resultados de Vox en las municipales de 2023 en Catalunya y, de hecho, ha asegurado que «ya hay independentistas que están pensando en votar a Vox en dos claves: para recuperar la seguridad en sus barrios y para desalojar al islamismo», algo que según él se verá en los próximos comicios.
En cuanto a pactos tras las municipales, ha subrayado que para Vox lo importante es el qué y no el quién, aunque «hay principios irrenunciables», como la lucha contra la inseguridad o la reducción del gasto en estructuras políticas.
Debate de política general
Para el Debate de Política General (DPG), que se celebra en el Parlament la semana que viene, ha situado como prioridades la defensa de la seguridad, medidas de «escudo social» y políticas para mejorar los servicios públicos y el acceso a la vivienda de protección oficial, priorizando el acceso de personas con nacionalidad española.
«¿Qué quieren las formaciones políticas en el Parlament? ¿Seguir avanzando en esos falsos consensos que han condenado a la ruina y miseria a muchísimas familias trabajadoras y clase media en Catalunya, o de verdad darles la voz al conjunto de los catalanes y solucionar sus verdaderos problemas? Creemos que es fundamental construir de verdad un escudo social», ha añadido.
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