Archivo - La líder de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater, y el exdiputado 'cupaire' Pau Juvillà en rueda de prensa en la Cámara catalana | Europa Press - EUROPA PRESS - Archivo

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado devolver al exdiputado de la CUP en el Parlament Pau Juvillà su escaño de forma cautelar, mientras estudia el recurso que presentó contra la decisión de la Cámara catalana de retirarle el acta tras ser condenado por desobediencia en el 1-O.

En un auto consultado por Europa Press, el TC rechaza suspender, a la espera de la resolución del recurso, la decisión de la Secretaría del Parlament de dejar sin efecto las credenciales de Juvillà como diputado en febrero de 2022, siguiendo órdenes de la Junta Electoral Central (JEC).

Ahora, el TC advierte de que en el trámite de medidas cautelares no puede acordarse la suspensión de una decisión, la retirada del escaño, «que ya ha sido ejecutada plenamente».

El tribunal también alerta de que resolver sobre la devolución del escaño en estos momentos implica pronunciarse sobre el fondo del asunto, lo que no le corresponde hacer hasta que se dicte sentencia.

"previsible pero injusta"

En un comunicado, Juvillà ha sostenido que la decisión del tribunal era «previsible pero injusta» y ha recordado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que lo condenó por desobediencia no es firme y está recurrida.

«Sigo sin sentencia penal firme y apartado por un acto de dignidad y de desobediencia a la Junta Electoral en defensa de la libertad de expresión. Y a pesar de eso, somos muchos y muchas para continuar y la nuestra es y será una lucha colectiva», ha criticado.

En diciembre de 2021, el TSJC condenó a inhabilitación a Juvillà por negarse a cumplir las resoluciones que exigían la retirada de lazos amarillos en el Ayuntamiento de Lleida en 2019, cuando era concejal, y a la vista de la condena la JEC ordenó retirarle el escaño.

En marzo, Juvillà recurrió la decisión de retirarle el escaño, ya que consideraba que se estaba vulnerando «el derecho fundamental a la participación política», porque cree que contradecía los acuerdos de la Comisión del estatuto del diputado y el pleno del Parlament.