Archivo - Vecinos de Zalamea la Real (Huelva) observan las labores de extinción del incendio forestal de Almonaster la Real de 2020. | A. Pérez - Europa Press

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La Asociación Aldeas Unidas, formada por vecinos de las poblaciones afectadas por el incendio de Almonaster la Real (Huelva), que en el año 2020 calcinó alrededor de 15.000 hectáreas de los términos municipales de Almonaster la Real, La Zarza-Perrunal, El Cerro del Andévalo, El Campillo y Zalamea la Real, han vuelto a reclamar «ayudas para la recuperación del paisaje, de su forma de vida» y para «arraigar la población que ha ido marchándose, porque se perdió todo con el incendio».

En un comunicado de prensa, han señalado que las promesas de restauración de los ecosistemas andaluces «no se cumplen» y que «de ello dan fe las poblaciones de la Sierra de Huelva». «Los gobernantes y las administraciones públicas olvidan pronto sus promesas como no haya una declaración de zona catastrófica para dar una respuesta adecuada a la terrible situación de cenicero y desolación que queda tras un incendio forestal», han lamentado.

Así, han apuntado que, a pesar de que la Junta de Andalucía ha indicado que han ejecutado «una gran variedad de trabajos», la zona afectada «sigue igual que lo dejó el incendio», toda vez que han subrayado que «al principio se retiraron árboles quemados con premura para justificar de algún modo la injustificable situación en la que se encontraban los montes, pero no ha habido reforestación».

En este punto, han indicado que la Junta de Andalucía inició los pasos para acometer los trabajos «de forma participativa y con gobernanza», haciendo comisiones para ello, pero que «todo quedó en unas reuniones». De la misma manera, han mostrado su «solidaridad» con las poblaciones afectadas por los recientes incendios de Bejís, la Val d'Ebo y la Sierra de la Culebra, al tiempo que han apuntado que les «alegra» saber que en la Culebra, «las autoridades afirman que ya se han puesto en marcha para la recuperación del espacio».

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«Por ejemplo, se ha anunciado que la venta de la madera quemada reportará en torno a 27 millones de euros, según lo publicado en prensa, a los pueblos afectados, de los que tienen que reinvertir una mínima parte para restaurar la naturaleza. En nuestro caso, la madera quemada podía ser aproximadamente la mitad, pero no nos reportó la mitad de esa cuantía, 13'5 millones de euros, ni un tercio de esa cantidad a los habitantes», han señalado.

Por ello, se han preguntado que «por qué el Gobierno no declaró zona catastrófica este área de 15.000 hectáreas de espacio natural que se quemó en este rincón de la Sierra de Huelva en 2020», mientras ven que este año, para «agilizar la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales de este verano, el Gobierno sí ha decidido declarar zonas quemadas como catastróficas: Bejís, de Castellón, 19.000 hectáreas, o la Vall d'Ebo, de Alicante, 12.000 hectáreas, entre ellas».

«Tampoco declaró zona catastrófica, en su momento, la zona arrasada por el incendio de Minas de Riotinto, donde ardieron 34.000 hectáreas de espacios forestales de las provincias de Sevilla y Huelva en 2004, y que, hasta ahora, está considerado el incendio forestal más devastador de la historia de Andalucía», han lamentado.

Asimismo, han criticado que «la inversión para la lucha contra incendios forestales que prevé la Junta de Andalucía en la adecuación del Plan Forestal Andaluz para los próximos años equivale a lo que invirtió entre 2011 y 2015. Es decir, que no se incrementa la inversión, sino que se presupuesta la misma que en pasados años de crisis, donde ni siquiera había ayudas europeas».