El Plan Estratégico de Justicia 2022-2028 contará con una inversión de 1.500 millones de euros y afectará a más de 3.000 profesionales de Euskadi. Desarrollado en colaboración con los diferentes operadores jurídicos, el objetivo es «transformar y mejorar» la gestión y prestación del servicio público de Justicia en la Comunidad Autónoma Vasca, según ha informado el Gobierno Vasco.
Tal como ha explicado el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, el proyecto incorpora las reflexiones y las conclusiones del análisis realizado durante el último trimestre de 2019, los años 2020 y 2021, y los primeros meses de 2022, para diseñar, de forma estratégica, las actuaciones a realizar a medio plazo en el ámbito de la justicia en Euskadi.
«Al finalizar este plan, nos imaginamos una Euskadi con un servicio público de justicia que es conocido y reconocido por la ciudadanía, por su propio personal y por el resto de operadores jurídicos y administraciones como amable, accesible, confiable, ágil, transparente y eficiente», ha afirmado la consejera Beatriz Artolazabal.
Artolazabal ha indicado que en él se recogen como objetivos principales «la prestación de una especial protección a los colectivos más desfavorecidos, la garantía de los derechos lingüísticos de las personas usuarias de la administración de justicia, el desarrollo de los medios adecuados para la solución de controversias y la implantación de un modelo organizativo apoyado en personas motivadas, en la mejora de la gestión y en una justicia digital plenamente operativa».
Para ello, prevén consolidar la actual inversión en Justicia, «la más alta por ciudadano del Estado, superando a lo largo de la vigencia de este plan los 1500 millones de euros».
Euskadi en marcha
El Plan Estratégico de Justicia 2022-2028 cumple con el Programa de Gobierno de la XII Legislatura, 'Euskadi en marcha', que, aprobado mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de octubre de 2020, recoge las iniciativas que el Ejecutivo debe poner en marcha para cumplir con los compromisos adquiridos con la ciudadanía.
En los tres compromisos que desarrolla el área de actuación de la Justicia se contemplan hasta 26 iniciativas que, en mayor o menor medida, inciden y están incluidas en el recién presentado plan. De forma particular, la Iniciativa 1 del Compromiso 97, contempla «aprobar un Plan Estratégico de Justicia, que establecerá los parámetros para construir una justicia más ágil, eficaz y digitalizada, centrada en las personas».
Líneas estratégicas
El nuevo documento concreta el trabajo a realizar durante los próximos siete años en diez líneas estratégicas que pasan, entre otros compromisos, por el desarrollo estructurado de servicios que protejan más a los colectivos de personas más vulnerables; y por edificios judiciales, instalaciones y recursos materiales más seguros, accesibles, sostenibles, funcionales y confortables.
También pretende lograr un expediente judicial electrónico totalmente implantado y funcional, una comunicación telemática con el resto de operadores jurídicos, un desarrollo progresivo de trámites digitales a través de la sede judicial electrónica y progresiva generalización de la
videoconferencia.
Asimismo, se quiere avanzar en una justicia "comprensible, más rápida y predecible -que no ofrezca soluciones diferentes para casos aparentemente iguales- o por la creación de las condiciones estructurales necesarias para que se produzca un salto cualitativo y cuantitativo en la aplicación de la justicia restaurativa y de los medios adecuados de solución de controversias.
Proceso de reflexión y escucha
El Ejecutivo vasco precisa que, si bien la pandemia mundial por covid-19 ha alterado los tiempos como el proceso de elaboración del Plan, han podido colaborar en su desarrollo miembros del equipo de la Viceconsejería de Justicia (VJU); de la Judicatura; de la Fiscalía; del Instituto Vasco de Medicina Legal (IVML); personas pertenecientes a los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio; así como representantes de la ciudadanía, de las víctimas de delitos, de asociaciones y colegios representativos de los diferentes operadores jurídicos y de representantes institucionales, sociales y otros agentes relevantes del sistema de justicia en Euskadi.
En palabras de Beatriz Artolazabal, «este plan no es ninguna utopía» porque, aunque es «muy ambicioso», también es «posible», y nace de la percepción, por parte del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, de «la necesidad de conocer la realidad del sector y las necesidades y expectativas de los diferentes operadores jurídicos y de las personas usuarias».
Entre las recogidas durante la fase de reflexión y consulta, destacan, como las más demandadas, «una mayor transparencia, más empatía, un lenguaje comprensible, mayor celeridad por parte de la Administración de Justicia, apoyo en el uso de las nuevas tecnologías o una justicia más asequible, al alcance de todos».
El Plan Estratégico de Justicia 2022-2028 afectará, de forma directa o indirecta, a más de 3.000 profesionales del ámbito de la justicia en Euskadi.
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