La Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) cree que el decreto ley de medidas urgentes en materia de alquiler de vehículos con conductor, aprobado por el Govern el 5 de julio, es contrario a la competencia y persiste en la ineficiencia regulatoria.
En un comunicado este martes, el organismo considera que la norma, que se debatirá en el Parlament este miércoles por la tarde, establece requerimientos que no satisfacen los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación entre operadores.
Para la ACCO, las exigencias que recoge el decreto ley para los vehículos con conductor "son medidas contrarias a la competencia que perjudican a consumidores y a usuarios".
Estas medidas son obligar a tener una longitud mínima de 4,9 metros, que los vehículos hayan realizado un mínimo de 100 servicios durante el último año, la necesidad de una precontratación de 15 minutos y la prohibición de la geolocalización de los vehículos
Advierte de que el decreto ley puede provocar una significativa reducción de la oferta de operadores de VTC en el ámbito urbano, y que resulta contrario a la competencia porque perjudica a consumidores y usuarios porque verán reducida su libertad de elección.
Unión europea
En el informe de regulación también se pone de relieve el hecho de que el decreto ley es contrario a las recomendaciones de la Comisión Europea (CE) en su 'Comunicación sobre un transporte local de pasajeros bajo demanda que funcione correctamente y sea sostenible (taxis y VTC)' (2022/C 62/01), de febrero de 2022, especialmente con respecto a las dimensiones de los vehículos y la prohibición de la geolocalización, entre otros.
Asimismo, en términos de legalidad se considera que existen riesgos de que las previsiones del decreto ley resulten contrarias a la libertad de establecimiento consagrada en artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La ACCO considera que la actuación de los poderes públicos, con capacidad normativa, tendría que propiciar un entorno de mercado que posibilitara el desarrollo de la actividad, reconociendo derechos y obligaciones equivalentes a los diferentes operadores.
Así, argumenta, las limitaciones legales para operar (entendidas como barreras en la entrada o requisitos de ejercicio) deben respetar los principios de necesidad, proporcionalidad, no discriminación y de mínima distorsión, de acuerdo con las exigencias de la política de 'better regulation'.
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