El año 2022 en nuestro sector se ha caracterizado por un mantenimiento de la actividad, aunque el resultado por islas no ha sido homólogo. En inversión total, sumando privada y pública, hemos llegado a los 2.431 millones de euros, lo que supone un incremento del 13%. Si bien, debemos destacar que la inversión privada solo ha aumentado un 3%, mientras que la obra pública lo ha hecho un 38%, al tratarse de un año preelectoral y por la llegada de los fondos europeos.

Por islas, destaca la bajada sufrida en Mallorca en contraposición con las subidas experimentadas en Menorca y las Pitiüses. El descenso de un 6% de la inversión en Mallorca se debe a la caída en vivienda principalmente y en sanidad. Por el contrario, en Menorca sube un 40% la inversión por la vivienda y los proyectos turísticos. En las Pitiüses el crecimiento es del 28% impulsado por la vivienda, sanidad y centros docentes.

El acceso a la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos de Balears y la nuestra también. Durante el 2022 se ha constatado que se sigue construyendo muy poca vivienda nueva en comparación con la demanda existente, debido a la emergencia habitacional que sufrimos. En Balears se visaron 3.560 viviendas, solo un 2,7% más que en el 2021. En el año 2007 se visaban 15.000 viviendas anuales y llevamos desde el 2009 (13 años) sin llegar a las cuatro mil. Deberíamos estar construyendo del orden de 7 mil viviendas al año para poder igualar oferta y demanda. Recordemos que tenemos un déficit actualmente cifrado en 20 mil viviendas. Queremos destacar el esfuerzo del Ibavi en sacar VPO al mercado, pero resulta insuficiente. Desgraciadamente, es imposible construir vivienda asequible por el alto precio del suelo. Su escasez incluso se ha agravado todavía más con la desclasificación de urbanizables, decretos urbanísticos más restrictivos y desarrollos de suelos urbanizables ya programados en suspenso. La rehabilitación también resulta cara.

En obra pública, hemos asistido durante el año pasado a un hecho sin precedentes. Más de 100 licitaciones quedaron desiertas por un valor superior a los 90 millones al salir los concursos sin los precios de los materiales actualizados. Nos vimos obligados a impugnar las obras del metro al Parc Bit porque constatamos que solo en dos materiales había un desfase de más de seis millones de euros. El tribunal nos dio la razón. A las obras desiertas se ha sumado la negativa de las administraciones, principalmente los ayuntamientos, a tramitar las revisiones extraordinarias de precios a la que tienen derecho las constructoras. Solo el Ibavi está respondiendo positivamente. Las pérdidas de las empresas han superado los seis millones de euros y esto va a provocar tener que acudir a la justicia ordinaria. Muchas de las obras desiertas se financiaban con fondos europeos, poniendo en peligro su ejecución, a pesar de ser calificada la construcción como sector palanca para la transformación verde por la Unión Europea.

En ocupación, estamos en cifras que no se alcanzaban desde el 2008, superando los 57 mil trabajadores. Esto da testimonio de la solvencia de un sector que ha sido motor y protagonista de la recuperación económica por la pandemia, a pesar de no recibir ayudas públicas. Como otros sectores, hemos seguido padeciendo una alarmante falta de mano de obra cualificada. Muchas empresas no están pudiendo realizar más obras privadas y públicas al no poder aumentar sus plantillas. Es imprescindible potenciar la formación. Necesitamos la incorporación a nuestro sector de los jóvenes y de la mujer.

Quiero por último destacar, aunque no menos importante, el compromiso del sector con la transformación hacia un modelo de desarrollo sostenible para nuestras islas en sus tres vertientes por igual: social, económica y medioambiental. La conclusión unánime es que solo todos juntos conseguiremos llegar a la meta de la sostenibilidad y esto me sirve para destacar el papel fundamental que jugarán las alianzas sectoriales y la colaboración público-privada.l