La directora del IBID, Lila Thomás, y la consellera Fina Santiago.

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Las oposiciones a la Administración pública incluirán una cláusula que establecerá que «en casos de igual capacidad» se dará «prioridad a las mujeres en los cuerpos, las escalas, los niveles y las categorías en los que su representación [de las mujeres] sea inferior al 40%».

Así se establece el en artículo 43 del anteproyecto de ley de igualdad que la Conselleria d'Afers Socials quiere aprobar esta legislatura y que ayer se trasladó al resto de grupos políticos. La tramitación será larga: la consellera Fina Santiago barajó ayer un año.
Está cláusula de 'acción positiva' en favor de las mujeres (y que también contempla algunas excepciones) es una de las muchas medidas que se incluyen en el anteproyecto que, también, recoge una serie de recomendaciones a la empresa privada.

El proyecto de Afers Socials, que blinda el Institut de la Dona para siempre, tipifica el impago de pensiones como un delito equiparable a otras formas de violencia y acuña la expresión «violencia económica».
La nueva ley recogerá el concepto de «violencia económica» como la «privación intencionada y no justificada legalmente de los recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijos e hijas». Así, las mujeres que padezcan esta situación tendrán acceso a las mismas ayudas que la administración proporciona a las víctimas de agresiones.

Además, las mujeres que no perciban la pensión podrán acceder a estas ayudas presentando un informe social que acredite que padecen una situación de violencia de género, mientras que hasta ahora debían presentar una denuncia y esperar a la sentencia.
Proporción
El anteproyecto obliga a mantener la proporción 40-60 en todos los ámbitos de las instituciones. Establece que la representación en las administraciones públicas debe ser «equilibrada», lo que se supone que la presencia de personas de cada sexo no debe superar el 60 por ciento ni ser inferior al 40 por ciento.

El proyecto, que deroga el aprobado en la época de Jaume Matas, prevé trato especial para las mujeres maltratadas: tendrán preferencia en la adjudicación de viviendas, guarderías y los cursos de formación laboral.
El anteproyecto prevé igualmente la creación de una Síndica de la Dona, adscrita a Síndic de Greuges y de un Observatorio para la Mujer.