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La reaparición en escena de Toni Colom ha acabado por sacar a la luz las lagunas de un complejo proceso que tiene como telón de fondo el 'no negativo' por EPO anunciado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) a raíz de un control fuera de competición realizado al mallorquín en Beasain, el pasado 2 de abril, en los días previos a la Vuelta al País Vasco. El de Bunyola fue clara y contundente en sus declaraciones a Radio Euskadi, reproducidas ayer por Ultima Hora, en las que anunciaba una demanda contra la UCI por tres millones de euros por daños y perjuicios -el Katusha le iba a ofrecer la renovación por dos años más-, no descartaba seguir emprendiendo medidas legales, y denunciaba irregularidades a lo largo de un proceso que parece haber puesto fin a la trayectoria del profesional de ruta. La salida a la luz de un caso paralelo al suyo, el de Mikel Astarloza, animó a Colom a soltar la rabia contenida, a la espera de conocer el resultado del contraanálisis, y después de dos meses aguardando noticias.

 

Colom apuntaba en su intervención radiofónica hacia la UCI, ampliando sus argumentos iniciales (la muestra llegó al laboratorio de Madrid sin el pertinente precinto y pasadas 24 horas de su toma, con variación en sus diferentes niveles), además de referir amenazas y llamadas telefónicas anónimas de las que informó a su equipo, el Katusha, a la UCI y la ACP.

 

Cronología

El primer argumento que apoya las tesis de Colom podría hallarse en la realización del control de orina por parte de un inspector, sin presencia de un médico, ATS o enfermero. Desde ese punto, la confirmación del 'no negativo' por EPO (8 de junio) y su publicación al día siguiente inician una pesadilla que todavía parece no haber llegado a su fin.

 

Según ha podido saber este diario, la intención de la UCI era la de realizar el contraanálisis en Austria, pero la presión del corredor y su abogado, José Rodríguez, llevaron a su desarrollo en el laboratorio de referencia de Madrid. El organismo rector del deporte del pedal hizo saber que tenía potestad total sobre la muestra, por encima de las leyes españolas, reconociendo que el control -realizado en suelo nacional- se hizo ajustándose a su normativa, no a la española. En ese momento, la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP) pidió la intervención del CSD, sin obtener respuesta. Tras ello, y conociendo las intenciones de la UCI, se solicitó a la Agencia Estatal Antidopaje la inmovilización y devolución de la muestra B, además de constatar que la AEA no fue avisada de ese control fuera de competición, tal y como refleja el artículo 32 de la Ley Orgánica 7/2006. La fecha fijada para el contraanálisis en Madrid fue el 6 de julio, siendo notificada con apenas tres días de margen, pese a solicitar la documentación tiempo antes. El especialista antidopaje Douwe de Boer siguió el proceso -detectó fallos en el protocolo-, y ante las peticiones de los representantes legales del corredor, desde la AEA se contactó con la UCI, que obligó a realizar el control B o declararlo directamente como positivo. Se optó por la primera opción, dejando el equipo del ciclista la responsabilidad por daños y perjuicios en manos del laboratorio. Por entonces, y además, la muestra A no había regresado.

 

Resultados

El informe del laboratorio de Madrid sobre la muestra A, al que ha podido acceder esta redacción, refleja un 'no concluyente', tal y como el propio Colom refirió en Radio Euskadi, donde avanzó que la B repitió resultado. «Se mandó el bote sin precintar a Austria y se confirmó el positivo», declaró Colom en el prograna 'Fuera de Juego'. Así fue, y aquí se halla otro punto en favor del ciclista, pues se ha podido conocer que la muestra A viajó de Madrid a Austria entre el 14 y el 15 de mayo, confirmándose el 'no negativo' desde allí el 23 de abril (antes de llegar la citada muestra), resultado reafirmado desde París el 27 de mayo.

 

Pese a poseer una larga serie de analíticas particulares y del Katusha (del 5 de noviembre de 2008 al 1 de junio de 2009), sin alternaciones, las muestras de Colom ofrecieron valores de EPO -endógena o exógena- inferiores al 85% fijado como positivo (el primero, 70'1% y el segundo superior, ambos por debajo), siendo altos al realizar una preparación específica.

 

Toni también admitió en la radio vasca haber «presentado escritos y recurrido cada paso de la UCI y de los organismos españoles por las incongruencias de mi control». Como respuesta a ello, la UCI recordó que es dueña de sus pruebas de orina y pueden movilizarla siempre que vean algo anómalo. En reacción, el abogado de Colom instó a la AEA a que la muestra B tampoco saliera de España y reclamó que la nueva muestra sobre ella fuera trabajada desde el centro de Madrid. Como respuesta, el bote, congelado, viajó de nuevo a Austria para analizar su ya escaso contenido. Los 'no concluyente' de las muestras A y B en Madrid y el 'no negativo' de la A en Austria no hacen pensar en un desenlace nada favorable.

 

Del 28 al 30 de julio se desarrolló la nueva prueba, cuyo resultado se sigue aguardando como el definitivo. Esa circunstancia acabó con la paciencia de José Rodríguez y su cliente, prohibiendo a la UCI que analizara la muestra y recordando que el envío de la misma supone una intromisión en sus derechos. Por ello, se optó por presentar la citada demanda por daños y perjuicios, apelando a la violación de la Ley de Protección de Datos, no descartándose ampliar el radio de acción de las medidas legales.

 

Mientras, Toni espera novedades, pudiendo pasar el caso a la Federación Española, que en el peor supuesto tendría potestad sancionadora, aunque parece que en los sus planes no está seguir en activo.