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Pep Verger
La Federación Balear de Fútbol (FBF) trasladará al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justícia de las Illes Balears las presuntas anomalías detectadas en la contabilidad del del Comité Balear de Àrbitros (CBAF). Miquel Bestard, presidente de la junta gestora de la FBF, confirmó ayer que esta decisión obedece a la recomendación explícita de un prestigioso jurista, en este caso, el abogado Domingo Ros, que durante las últimas horas ha aconsejado a Bestard que optara por la justicia ordinaria.

Cronológicamente, un informe elaborado por Riera Morro, el hombre designado por Bestard para dirigir el estamento arbitral tras la destitución de Carolina Doménech, destapa la caja de los truenos. Riera Morro pone en conocimiento de la Federación todo un rosario de presuntas irregularidades cometidas por José Antonio Doménech Riera durante su larga etapa al frente del CBAF, que inicialmente decidió remitir toda la documentación al Comité de Jurisdicción de la FBF.

No obstante, la situación ha dado un giro significativo. Una vez examinado con detalle el expediente y comprobadas las presuntas anomalías e interrogantes que se desprenden de la documentación aportada por Riera Morro, Bestard se ha visto obligado a informar a la Fiscalía. La FBF no presenta ninguna denuncia ni cataloga o adjetiva los hechos, sino que se limita a trasladar el expediente por si en éste se desprende alguna conducta delictiva.

Dificultades
Miquel Bestard decidió destituir a Carolina Doménech -hija de José Antonio Doménech- a finales de marzo y situó en la poltrona del CBAF a Bartolomé Riera Morro. El desembarco del antiguo árbitro de Primera División no ha sido fácil, ya que se ha topado con numerosas dificultades internas. Garantizar la transparencia y poder presentar las cuentas claras era una de las grandes prioridades de los nuevos responsables del Comité. El primer análisis de las cuentas del CBAF -efectuado por el vocal Salvador Fornés- detectó numerosas lagunas e interrogantes. Entre los distintos documentos que conforman el expediente figura un recibo de teléfono de febrero de 2004 a nombre de Ibicocinas SL, que pagó el Comité Balear de Àrbitros.