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«Los deportistas incluidos en las diversas actividades del programa Esport en Edat Escolar no están sujetos a ningún tipo de retención al finalizar la temporada o el curso escolar». El apartado C del artículo 8.1 de la Conselleria de Benestar Social de día 31 de octubre de 2000 sigue levantando polémica. Esta orden prohíbe el derecho de retención que poseían los clubes sobre los jugadores y ha desatado declaraciones enfrentadas. La dirección general d'Esports publicó esta orden y Joana Maria Petrus afirmaba que la decisión equiparaba a los equipos baleares con los del País Vasco, Murcia, Cantabria, Cataluña y Andalucía y se adecuaba a las normas de la Convención de la ONU y a las leyes españolas para la protección del menor.

Pero suprimir de un plumazo el derecho de retención sorprendió a los clubes de fútbol y el presidente de la Federación Balear, Antonio Borrás del Barrio, solicitó una reunión con Petrus para tratar de buscar una solución alternativa. Borrás pide que los clubes mantengan este derecho de retención pues les sirve para negociar con clubes más importantes a la hora de los fichajes. La idea del presidente es que el club que ha educado futbolísticamente al jugador obtenga algún beneficio y así pueda continuar su labor con nuevos deportistas.

Javier Barés, director de la Oficina de Defensa de los Derechos del Menor de las Islas Baleares, entra en escena y alaba la decisión de la dirección general d'Esports. Enumera artículos de la Convención de la ONU y recuerda el artículo 9 de la ley orgánica 1/1996. Pero Borrás se muestra indignado cuando Barés declara que «los padres frustrados pasan su malestar a los hijos porque no marcan goles y hacen del juego un ejercicio de violencia» o que «los entrenadores desaprensivos que frustran o maltratan a los chicos recurriendo a la anulación de convocatorias».

La Federación Balear ha solicitado que los futbolistas tengan la opción de firmar por dos años en su segundo año cadete. La firma voluntaria del jugador le haría entrar de nuevo en el derecho de retención, ya que la orden lo impide sólo hasta los 16 años.