Jesús Gil y Gil sostiene que el embargo judicial del Atlético de
Madrid decretado esta semana por el juez de la Audiencia Nacional
Manuel García Castellón es como enviarle a prisión sin tomarle
declaración, según el recurso de reforma que ha presentado contra
la orden judicial. La defensa de Gil ha pedido al magistrado que
rectifique su decisión alegando que el embargo de sus acciones en
el club rojiblanco se ha basado en una ley de 1969 que es
inconstitucional por haber sido derogada por la Constitución, con
lo que «la medida adoptada deviene nula de pleno derecho».
El juez García Castellón ordenó el pasado miércoles la
destitución de todo el Consejo de Administración del Atlético de
Madrid, incluido su presidente Gil, y nombró a un administrador
judicial mientras continúa su investigación sobre un supuesto
fraude de unos 4.000 millones de pesetas y una presunta
defraudación o apropiación indebida, desde 1992, de cerca de 9.000
millones de pesetas. En su recurso el abogado defensor de Gil,
Horacio Oliva, afirma que «ha sido tratado con patente injusticia
porque tan gran y trascendental pronunciamiento se ha acordado sin
dar oportunidad a que Gil pudiera defenderse».
Añade que «el auto recurrido es nulo de pleno derecho al haberse
dictado prescindiendo de normas esenciales del procedimiento».
Considera la defensa que al haberse iniciado el procedimiento hace
meses «el instructor no ha recibido declaración a nuestro
defendido, ni a otros imputados, por lo que ha quebrantado uno de
los principios informadores del proceso penal conforme al cual es
necesario otorgar audiencia al justiciable».
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