El expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, en una imagen de archivo. | Alejandro Garcia - ae - EFE - EF

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El expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu, su mano derecha Jaume Masferrer, el director general Óscar Grau y el jefe de los servicios jurídicos Román Gómez-Ponti fueron detenidos ayer lunes por los Mossos d’Esquadra con relación al ‘Barçagate’, la contratación de una empresa externa cuya finalidad supuestamente era desprestigiar a jugadores y al entorno del club para favorecer la imagen de Bartomeu y su junta. En conjunto se acusa al expresidente de corrupción y administración desleal de los fondos del club.

Mientras que Bartomeu y Masferrer pernoctaron en los calabozos de la comisaría y hoy pasarán a disposición judicial, los dos restantes, Gomez-Ponti y Óscar Grau, abandonaron las dependencias policiales alrededor de las nueve de la noche. En el caso del jefe de los servicios jurídicos lo hizo sin necesidad de declarar y permanece en libertad. Bartomeu y Masferrer se acogieron ayer a su derecho a no declarar.

Investigación

Los Mossos, que en la investigación del caso vieron posibles delitos de administración desleal y corrupción entre particulares, se presentaron algo más tarde de las 10 horas de ayer lunes para registrar las oficinas del Barça situadas en el Camp Nou a petición de la jueza que lleva el caso, Alejandra Gil, con el objetivo de hacerse con información del caso denominado popularmente como ‘Barçagate’ e interrogar a diferentes trabajadores del club.

Además, el cuerpo policial decidió detener allí mismo a Óscar Grau y a Román Gómez-Ponti, que aún son trabajadores del club. De forma paralela, también detuvo a Josep Maria Bartomeu y Jaume Masferrer en sus respectivos domicilios, los cuales también fueron registrados.

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Para evitar cualquier manipulación de la información, los Mossos impidieron que cualquier persona del club pudiese trabajar presencial o telemáticamente e invitaron a abandonar las instalaciones a los trabajadores que no fueron requeridos para declarar. Poco antes de las 14:00 horas, la policía catalana también se presentó en la sede de I3 Ventures y Nicestream en Barcelona, dos de las empresas contratadas que habrían trabajado para el club en el ‘Barçagate’, para hacer un registro e hizo lo mismo en la sede de Telampartner, una empresa dedicada a la inversión financiera.

Esta investigación judicial, que parte de una denuncia del grupo de opinión azulgrana Dignitat Blaugrana, se encuentra aún bajo secreto de sumario, el cual ha sido alargado seis veces.

El 17 de febrero de 2020 por la mañana el programa ‘Què T’hi Jugues’ de SER Catalunya explicó que desde finales de 2017 el Barça tenía contratada a I3 Ventures, una sociedad del empresario argentino Carlos Ibáñez que se dedicaba supuestamente a desprestigiar, difamar y poner en duda desde por lo menos seis cuentas de Facebook a individuos y entidades del entorno azulgrana no afines a la junta directiva de Josep Maria Bartomeu, e incluso a jugadores como Leo Messi y Gerard Piqué.

El Barça habría pagado un millón de euros anual a I3 Ventures por el monitoreo y la defensa reputacional en las redes sociales del presidente, la junta directiva y la marca, y las facturas se habrían troceado entre diferentes departamentos para que cada una fuese inferior a 200.000 euros, lo que evitó que los contratos tuviesen que pasar por la aprobación de la junta directiva.

El 17 de junio la jueza del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Alejandra Gil, admitió a trámite la denuncia de la plataforma Dignitat Blaugrana por presunta administración desleal y/o corrupción entre particulares por parte de algunos directivos de la junta de Bartomeu en el ‘Barçagate’.

El 6 de julio el club presentó las conclusiones de la auditoría externa realizada por PriceWaterHouseCoopers a raíz del ‘Barçagate’. Pese a que la auditoría revela que Masferrer participó en el contenido en redes sociales, que se pagó un sobreprecio y que las facturas se dividieron para esquivar controles, el club siguió negando que se contrataran dichos servicios de difamación y que lo único criticable es que se cometieron varios errores administrativos. La jueza por el momento mantiene abierta la investigación.