La expresidenta del Rayo Vallecano Teresa Rivero (2ª dcha) , esposa del empresario fallecido José María Ruiz-Mateos, y otros seis acusados, antiguos gestores del club, Álvaro Ruiz-Mateos Rivero (apoderado), Jesús Fraile Delgado (gerente), Joaquín Yvancos Muñiz (secretario), Francisco Javier Ruiz-Mateos, Zoilo Pazos Jiménez y Manuel Sánchez Marín en la Audiencia Provincial de Madrid. | Efe

TW
4

La expresidenta del Rayo Vallecano Teresa Rivero y dos hijos suyos han declarado este lunes en el juicio que no intervinieron en operaciones del club por las que se les acusa de defraudar a Hacienda y que todas las decisiones las tomaba el marido de la primera, el empresario fallecido José María Ruiz-Mateos.

Teresa Rivero ha asegurado que fue durante veinte años presidenta del club pero meramente «honorífica», pues ni participaba en los consejos de Administración, y que no estaba enterada de los problemas de la entidad con Hacienda ni intervino en la venta del club a Raúl Martín Presa, el actual presidente del Rayo.

Y ha apostillado: «Yo tenía trece hijos y 57 nietos, como para ocuparme de los temas de las empresas. Se encargaban mi esposo y mis hijos, pero era mi marido el que tomaba las decisiones y el que mandaba, él tenía toda la responsabilidad».

La Audiencia Provincial de Madrid juzga a Teresa Rivero, a sus hijos Álvaro y Francisco Javier (ambos en prisión por otras causas) y a otros cuatro antiguos gestores del club, para cada uno de los cuales la Fiscalía pide once años de prisión por defraudar a Hacienda 10.800.000 euros relacionados con el pago del IVA y el IRPF de los años 2009, 2010 y 2011 del Rayo Vallecano.

En el caso de Teresa Rivero, en su condición de presidenta en esa época del club de fútbol, y en el de sus hijos Álvaro y Francisco Javier, como apoderado y gestor de la entidad, respectivamente.

La fiscal pide la misma pena por idénticos delitos para Joaquín Yvancos Muñiz (como secretario consejero), Jesús Fraile Delgado (como gerente y apoderado); Zoilo Pazos Jiménez, sobrino de José María Ruiz-Mateos (como administrador); y para el economista Manuel Sánchez Marín.

Además solicita que sean condenados a multas de 14.250.000 euros y que indemnicen a la Hacienda Pública en los 10.800.000 euros supuestamente defraudados.

Asimismo, reclama al Rayo Vallecano una multa de 3.395.000 euros y que responda de forma subsidiaria junto con la empresa Senero por otros 4.050.175 euros.

Teresa Rivero ha asegurado que ella se limitaba a ir a los partidos, a viajar con las peñas y a asistir a sus cenas.

Su hijo Francisco Javier ha indicado que él en el Rayo Vallecano realizaba gestiones institucionales y protocolarias más bien de imagen, pero que todas las decisiones las tomaba su padre, que era el único dueño del club y de las empresas del grupo Nueva Rumasa. «Ahí se proponía, y mi padre disponía», ha apuntado.

No obstante, ha asegurado que no intervino con su padre en ninguna estrategia fiscal para ocultar dinero a Hacienda. «Si se lo hubiera oído a mi padre, me hubiera empezado a preocupar, y no lo hubiera permitido».

«El Rayo le costaba dinero a mi padre», ha aclarado Francisco Javier Ruiz-Mateos, que ha añadido que, una vez que el club estaba en preconcurso de acreedores, la única condición que puso para venderlo a Martín Presa fue que este garantizara su continuidad para que el club no desapareciera.

Ha abundado en que a su padre «le preocupaba el equipo, que estaba a punto de ascender a Primera, además de los más de mil chavales de las categorías inferiores y del fútbol femenino».

Su hermano Álvaro ha asegurado que nunca usó su poder en el Rayo Vallecano y ha negado cualquier tipo de intervención en decisiones objeto de la acusación.

Hoy también ha declarado el actual presidente del club, Raúl Martín Presa, como representante del Rayo Vallecano, entidad a la que la Fiscalía reclama el pago de las citadas cantidades.

Ha reconocido que en 2011 entró en una operación de compra muy arriesgada, pues el club corría riesgo de desaparecer por su «situación caótica» y de insolvencia.

Ha añadido que los vendedores no le informaron de las deudas tributarias que tenía el club, «con un pasivo de unos 40 millones de euros» y que detectaron «facturas infladas a empresas del grupo Nueva Rumasa para que el balance del Rayo no fuera tan feo».

Raúl Martín Presa ha destacado: «Ahora el club está al corriente de pago de todas las deudas con las administraciones públicas y con acreedores y desde que estoy en la presidencia el club ha ingresado en siete años a las arcas del Estado más de 80 millones de euros» en concepto de IVA, IRPF y otros impuestos así como por depósitos ante posibles responsabilidades civiles.

El gerente en aquella época Jesús Fraile ha recordado que, cuando la familia Ruiz-Mateos vendió el club, llevaba casi un año sin pagar a jugadores y empleados del club y que Martín Presa puso dinero incluso antes de formalizar la compra para que el equipo siguiera jugando.