El ATB fue incluido, de forma equivocada, en una lista de equipos investigados por fraude. | M.A. BORRÀS

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Fue solo media hora, pero al Atlético Baleares y a sus dirigentes les tocó pasar un mal rato en el ojo del huracán mediático. En torno al mediodía y frente a la aparente calma que reinaba en ese momento en el Estadi y las oficinas, un despacho de las diferentes agencias de información, basado en un comunicado de la Guardia Civil, situaba a la entidad blanquiazul en el centro de la diana. Según el mismo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y la propia Benemérita registraban en esos momentos las sedes de diferentes clubes de la extinta Segunda B por posibles delitos de fraude a la Seguridad Social. Unas actuaciones que se llevaban a cabo en Algeciras, Cádiz, Alicante, La Rioja, Salamanca, Badajoz, Murcia y, según precisaba en un principio la misma nota, también Balears. Concretamente, se refería a la sede del ATB.

La noticia se propagó rápidamente gracias a la fluidez de las redes sociales frente al estupor y la sorpresa de los dirigentes y trabajadores del ATB. No entendían nada. Y mucho menos el motivo por el que el club aparecía vinculado a una investigación que sacudía a Calahorra, Hércules, Salamanca, Mérida, Extremadura, Cartagena, Atlético Sanluqueño o La Nucía. Afortunadamente, todo se aclaró pronto. La Guardia Civil de Mallorca desmintió que se hubieran producido registros en el Estadi y matizó, a través de otra nota, que la información inicial contenía un fallo capital en todo este asunto. «Presenta un error al final de la misma, que menciona a Baleares y dicha operación no ha afectado a ningún club de fútbol de Baleares», explicaba. El ATB también emitió un comunicado para desmentirlo todo y aclarar la confusión: «A raíz de las noticias publicadas en diversos medios de comunicación en la mañana de hoy, sobre una supuesta investigación al club, el Atlético Baleares quiere desmentir que la Guardia Civil se haya personado en sus oficinas para realizar ningún registro».

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La investigación, en cambio, sí que avanzó en torno a otros clubes con un pasado próximo en Segunda División B, una categoría que pasó a la historia en verano con la creación de la Primera y Segunda RFEF. En La Nucía, por ejemplo, la Guardia Civil acudió a la sede del club para solicitar documentación, así como los contratos de futbolistas y cuerpo técnico. En el registro, que duró alrededor de una hora, se encontraba Vicente Balaguer, director general de la entidad junto con otros responsables de la parcela económica y administrativa del club. Igualmente, fue requerida la presencia de la plantilla y el cuerpo técnico para entregar sus respectivos contratos a los agentes de la Benemérita.

Escenas parecidas se vivieron en el estadio El Palmar de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde se sitúa la sede del Atlético Sanluqueño, para proceder a un registro de sus dependencias. Los agentes se reunían primero con los futbolistas y después con el presidente y el gerente. Por su parte, el director general del Salamanca UDS, Rafael Dueñas, también reconocía que el club había recibido una «inspección laboral», en el estadio Helmántico y en la tienda que tiene el club en la Plaza Mayor de la ciudad, aunque mostraba su «tranquilidad» al explicar que el conjunto salmantino «tiene todo en regla». Los agentes preguntaron por las condiciones laborales de los trabajadores.