Los grupos parlamentarios Por Andalucía y Adelante Andalucía han coincidido este miércoles en recriminar al Gobierno andaluz su anuncio de que recurrirá en el Tribunal Constitucional la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, por estimar que esta decisión entraña que «el Partido Popular aboga por que »el mercado sea la única entidad reguladora«, en palabras de la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, así como que »es utilizar nuestras competencias para ponerse a favor de los fondos de inversión", a juicio del portavoz en el Parlamento de Andalucía, José Ignacio García.
El Gobierno andaluz anunció este martes que iniciaba los trámites, pendiente de un informe del Consejo Consultivo de Andalucía a la espera de la aprobación definitiva en el Consejo de Gobierno, para recurrir la Ley estatal de Vivienda, 18 artículos y cuatro disposiciones adicionales, por una invasión de competencias.
El conjunto de competencias que serán objeto del recurso del Gobierno andaluz son la regulación de la vivienda protegida, la vivienda social, la vivienda protegida de precio limitado, la figura del gran tenedor, la vivienda asequible incentivada y el parque público de viviendas.
En ruedas de prensa ofrecidas en el Parlamento de Andalucía, Nieto ha subrayado la paradoja de que el Gobierno andaluz denuncie en el Tribunal Constitución la Ley 12/2023 por adentrarse en atribuciones autonómicas cuando se trata de «competencias que la Junta de Andalucía no utiliza y sólo las recuerda para oponerlas en tribunales», a lo que ha sumado el hecho de que la Junta de Andalucía llevó a los tribunales la decisión de los municipios de intentar acotar las viviendas turísticas.
La portavoz de Por Andalucía ha advertido que «la parte débil son los ciudadanos» frente al mercado, para precisar que el incremento de los precios de la vivienda «se ceba con la gente joven», unido al incremento de los tipos de interés y de las hipotecas, y que, en consecuencia, «es uno de los primeros problemas que tienen que afrontar las personas y las familias».
José Ignacio García ha sostenido que la interposición de un recurso de inconstitucionalidad es «manosear la autonomía andaluza», por cuanto ha contrapuesto que «el Gobierno andaluz no ha dedicado ni una sola medida al derecho a la vivienda» frente «a las pocas y tímidas del Gobierno central», mientras que ha calificado a la normativa estatal como «demasiado tímida, se queda corta» y ha concluido que «es una ley light».
«Ser andalucistas no es solo ser oposición», ha proclamado el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, quien ha considerado que «el gobierno de Moreno Bonilla la va a recurrir porque en realidad se quiere poner del lado de los grandes tenedores de la vivienda, son los aliados».
García ha recordado que «el gobierno de Moreno Bonilla gasta 1,2 millones en ayudas al alquiler a ellos mismos, a los altos cargos», antes de plantear también el retraso en el reparto de las ayudas transferidas por la Administración del Estado para el Bono Joven Alquiler.
«Los 1,2 millones le salen divinamente y no falla ni un mes», ha ironizado sobre la ejecución del gasto en viviendas para altos cargos, para señalar que en la oposición el PP era partidario de eliminar esas ayudas para altos cargos y concluir que «están cachondeándose de los jóvenes».
«Utiliza la autonomía para ir contra los poquitos avances en vivienda», se ha lamentado el portavoz de Adelante sobre la decisión del recurso de inconstitucionalidad.
José Ignacio García se ha reafirmado este miércoles en el anuncio de su partido de «ilegalizar Desokupas», al tiempo que ha expresado su asombro acerca de «declaraciones de sus representantes de crear un ejército con armas para atacar a representantes del Gobierno», para considerar entonces que de ser otra organización la que hiciera unas afirmaciones de ese tipo «tendríamos a muchos partidos pidiendo ilegalizarla», pero «como es de extrema derecha nadie dice nada».
El portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz ha ratificado que su partido, de conseguir escaño en el Congreso de los Diputados, donde concurre únicamente por la circunscripción de Cádiz, promoverá la ilegalización de Desokupa, que emprenderían con la reforma de los artículos 510, 501 bis y 512 del Código Penal.
«No vamos a tolerar terrorismo de extrema derecha en nuestro país», ha proclamado.
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