La solución

Lo de la amnistía a las construcciones ilegales que promueve el Govern es un escándalo y un fraude de ley, pero al mismo tiempo responde a una necesidad social. Se han dejado hacer tantas obras mal, y desde hace tanto tiempo, que no queda otra: es imposible derribar todos los edificios y piscinas que están fuera de ordenación. Todo eso nos demuestra que han fracasado las normas para controlar el urbanismo, incluido el Código Penal y el temor a ir a la cárcel. Visto de ese modo, el Govern envía ahora un mensajes a los futuros infractores de que el tiempo lo cura todo. Tu ves fent. Pues no debería ser así, y es necesario poner el cascabel al gato. Los ayuntamientos han favorecido este desbarajuste. Los alcaldes rehúyen el control urbanístico porque pone en riesgo su relación con los vecinos. Una obra ilegal sólo se detiene si existe la denuncia de un particular cabreado o la ocasional visita de los agentes del Seprona, si es algo gordo. Una solución para frenar las ilegalidades es reforzar la Agencia de Defensa del Territorio, dotar a este organismo de un cuerpo de celadores comprometidos y ajenos a la realidad municipal. Unos celadores que trabajen en la supervisión de las imágenes de los satélites y con denuncias anónimas. Que integren los datos propios con los del catastro y del registro, que prohíban el cobro del IBI a lo que es ilegal y que sancionen a las empresas que dan servicios de agua y electricidad a quien no puede recibirlos. Entonces otro gallo cantaría, no harían falta amnistías. Pero de esto no nos habla el Govern. Ni éste, ni los que le han precedido. I així anam.