La polémica urbanización de la zona costera de ses Covetes vuelve a
estar de actualidad a causa del carácter provisional de la
ejecución de una sentencia dictada día 3 de febrero de 1998 por
parte del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) y que
ahora, dos años después, ha sido acatada por el Ajuntament.
El TSJB dictaminó en 1998 que el Ajuntament de Campos tenía que
estudiar el recurso contencioso administrativo interpuesto por GOB
y PSM en junio de 1994 al considerar que el equipo de gobierno
únicamente había tenido en cuenta la forma y no el fondo de la
cuestión.
El Ajuntament de Campos aprobó, en el pleno celebrado la noche
del pasado jueves, acatar en parte el cumplimiento provisional de
esta sentencia, que fue recurrida en su día por el propio
Consistorio ante el Tribunal Supremo.
El equipo conservador ha decidido marcarse un plazo de tres
meses para estudiar el recurso del GOB y PSM contra la concesión de
la licencia. Una vez estudiado el recurso, la Comisión de Gobierno
decidirá si acepta o no los argumentos presentados en su día por
ecologistas y nacionalistas.
Joan Juan Pons, portavoz del PSM, criticó que «la
provisionalidad de esta ejecución no sólo implica que la
paralización del complejo urbanístico no sea definitiva, sino que
el equipo de gobierno y la promotora podrían reiniciar las obras en
cualquier momento». Las críticas del PSM radican en el hecho de que
la sentencia no haya sido ejecutada directamente ya que según Joan
Juan «este hecho comportará que el caso Covetes se alargue más de
lo que se esperaba». En este sentido, el portavoz del PSM explicó
que Pere Sampol ya manifestó en su momento que este caso podría
durar 15 años en los tribunales.
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