La exigencia del 1,8 por ciento en el 'caso Bomsai' involucra a Ramis d'Ayreflor

Una inusual claúsula del 1,8 por ciento que cobraba una consultora llamada Atlas destapó la 'operación Bomsai'. La administración exigía a los constructores del parque de Bombers y de la nueva sede de Sanidad que pagaran un porcentaje fijo a una empresa, Atlas, por un trabajo en principio superfluo.
La compañía, cuya actividad está siendo examinada por Anticorrupción cobró unos 600.000 euros por elaborar unos pliegos que podrían haber redactado los servicios de CAIB Patrimoni. Además, tanto en el caso en los dos proyectos, cuyo presupuesto conjunto supera los 30 millones de euros, se había adjudicado antes un contrato de consultoría a otra empresa madrileña.
Esta extraña claúsula es la que implica de forma más directa al ex conseller Luis Ramis d'Ayreflor. Según declararon ante la policía y ante la juez los dos ex directores generales, Joan Pol y Jorge Sainz de Baranda, fue el conseller quien defendió en el consejo de administración de CAIB Patrimoni este punto. No es la primera vez que un cargo apunta a que Ramis d'Ayreflor conocía una posible irregularidad. En el 'caso Bitel', el jefe de administración de la empresa pública, Luis Simonet, ya dijo que el entonces conseller estaba al tanto de las irregularidades.
Además de la comisión que cobra Atlas, Anticorrupción investiga por qué las empresas tenían los pliegos meses antes del concurso, según acreditan varios correos electrónicos, que implican de lleno a Sainz de Baranda y Joan Pol. Éste último, está bajo sospecha por haber cobrado sobornos de dos de las constructoras que elaboraron la obra: Iturri y Llabres Feliú. Para ello, Pol habría utilizado dos empresas tapadera de las que era administrador. El ex director general de Emergencias lo niega.
La investigación busca ahora aclarar cuál fue el destino del dinero, si financió al PP o acabó en los bolsillos de los responsables de la trama.