Armengol y Font, conversando en el Consell de Mallorca. | Jaume Morey

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El Partido Popular sacará hoy adelante en el pleno del Consell de Mallorca algunas propuestas para aumentar el control sobre decisiones que ahora son exclusivas de la presidenta y para que ejerza otras que ahora no precisan su aprobación. La gran novedad es que el PSIB y el Bloc votarán a favor.
Esta circunstancia, un acuerdo previo entre socialistas y PP, es inimaginable en otras instituciones de las Islas como el Ajuntament de Palma o el propio Parlament donde se está negociando el relevo de Maria Antònia Munar en la presidencia.
Tanto la presidenta del Consell, Francina Armengol como el portavoz de los 'populares' confirmaron ayer la voluntad de acuerdo y que se habían celebrado conversaciones. «Yo podría proponer que el pleno asumiera todas las competencias de la presidenta, e incluso lo contratos menores, pero soy responsable y no quiero paralizar el Consell de Mallorca», dijo ayer Jaume Font.
Los contratos menores de 3 millones, los pliegos y condiciones de los concursos seguirán en manos del gobierno insular. Lo que pide Font es que el pleno 'rescate' la concertación de operaciones de crédito que excedan el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto.
Lo que no hará el PP, pese a los acuerdos de hoy, es renunciar a su idea de «gobernar desde el pleno», aunque sí establecerá prioridades. «Yo siempre he dicho lo mismo y no me he movido ni un milímetro», afirmó Font quien, en el pasado pleno, llegó a decir que él no era «tan tonto» como para presentar una moción de censura aunque le presionaran.
Font ha propuesto a Armengol lo que él llama 'hoja de ruta'. Hay un compromiso para facilitar al PP todos los datos 'on line' sobre variaciones en el presupuesto.
El PP también ha decidido poner el pie en el freno en su propuesta para destituir a Marisa Goñi al frente de Televisió de Mallorca. «El problema no es la directora general, sino el modelo», dijo el portavoz.
El PP también consideraba ayer la posibilidad de apoyar al equipo de gobierno en una propuesta sobre Can Domenge, solar que se adquirió en época de Munar para la construcción de viviendas. Se trata de una oferta a las empresas por las que el Consell pagaría 30 millones más 3,8 de intereses.