Juan Mestre29/05/10 0:00
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El PP ha solicitado la creación de una comisión de investigación para aclarar el contrato de arrendamiento de unas oficinas por parte del Govern. En concreto, el diputado popular José María Rodríguez propone la creación de una comisión no permanente para aclarar las circunstancias que envuelven el contrato de alquiler con opción de compra suscrito entre CAIB Patrimoni e Inversiones Can Font.
La operación del edificio de oficinas que quiere investigar el PP está situado en el Polígon de Son Rossinyol de Palma. Además de crear una comisión de investigación, los populares instan a la Sindicatura de Comptes a fiscalizar dicho contrato.
En concreto, la operación asciende a 31 millones de euros más el 16 por ciento del IVA. El importe de la primera cuota anual de arrendamiento es de 1.143.085 euros más el IVA. En los años sucesivos, la renta se incrementa en un 4 por ciento, uno de los aspectos que critica el PP ya que entiende que este porcentaje está muy por encima del aumento del IPC.

El pasado pleno
Otra de las cuestiones que critica Rodríguez es la inclusión de una cláusula en caso de que se rompa dicho contrato. Si el Govern decide no seguir en dichas oficinas, está obligado a pagar entre 7,1 y 5,1 millones de euros de penalización, en función del tiempo que haya mantenido el contrato. En cambio, si la propiedad decidiera romper el contrato con el Govern, sólo abonaría dos millones de euros de indemnización. El PP entiende que esta cláusula es muy perjudicial para los intereses de la Comunitat.
Sin embargo, lo que llama la atención a Rodríguez es que se ha optado por el sistema de alquiler con opción de compra en lugar de adquirirlo con una hipoteca. El Govern abonará 28,8 millones si compra el edificio en 2029, 22 millones si lo hace en 2034 y 10 millones si se adquiere en 2039.
Este asunto ya tuvo su prólogo el martes en el Parlament cuando Rodríguez PP denunció irregularidades en el proceso y aseguró que si en lugar de alquilar con opción de compra el Govern hubiese adquirido directamente el ahorro para las arcas del Ejecutivo hubiese sido de hasta 56 millones.
El consellelr Manera defendió la legalidad del proceso y aseguró que el alquiler se produjo a petición de varias consellerías.
Según Manera, el Ejecutivo se ahorra dinero en relación a los alquileres heredados y si se tiene en cuenta la superficie de las oficinas.
En cuando a la decisión de optar por el alquiler con opción de compra, Manera recordó que la situación económica del Govern no permite ahora realizar grandes inversiones.