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Los servicios jurídicos de Emaya han determinado que la propuesta que presentó la alcaldesa Aina Calvo durante la última junta general modifica el artículo 13 de los estatutos sociales de la citada empresa pública.
En concreto, los servicios jurídicos argumentan que «la propuesta de criterios con la formulación que contiene no relaciona ningún tipo de nombres, apellidos, capacidades o méritos, a los efectos deliberativos y de consideración de la Junta General, del modo que siempre se ha hecho». En este sentido, los servicios jurídicos de Emaya entienden que «la redacción sometida al pleno no tiene encaje ni en la literalidad ni en el espíritu del contenido del artículo 13 de los vigentes estatutos de la Sociedad en materia de nombramientos de los miembros del consejo de administración».
Competencia
Otro de los argumentos que se exponen en el informe es que «la capacidad y la competencia de la propuesta reside en el titular del área de gobierno, que no puede hacer cesión de esta prerrogativa a favor de ningún otro estamento para que pueda hacer sus propuestas a la junta general, acentuando de esta manera aún más la indefinición e incoherencia que se manifiesta en el escrito de la propuesta cuando se hace referencia al área d'Infraestructures y a la federación de asociaciones de vecinos».
Los servicios jurídicos de Emaya también señalan que tomar acuerdos de nombramientos o ceses de miembros del consejo de administración «justificados en la propuesta motivo de análisis, supondría una vulneración del precepto estatutario previsto para resolver estas contingencias».
Como se recordará, la propuesta de la alcaldesa consiste en que la presidencia recaiga en el titular del área d'Hisenda; mientras que el vicepresidente sería elegido por el PP entre expertos de reconocida competencia; el gerente sería una persona de prestigio y que no ostente ninguna adscripción política. En cuanto a los vocales que forman el consejo de administración, serían un experto nombrado por el Bloc per Mallorca y otro nombrado por UM, un técnico municipal designado por el área de Infraestructuras, dos representantes de colegios profesionales con competencias en las materia y dos expertos propuestos por las federaciones de vecinos.
La alcaldesa ha vuelto a convocar a la junta general de Emaya para hoy con la intención de aprobar los criterios por los cuales se configura el consejo de administración de esta empresa. El objetivo de Calvo es destituir a la actual presidenta de Emaya, Cristina Cerdó, y nombrar a Andreu Alcover. Sin embargo, en el orden del día no figuran puntos de destitución ni de nombramiento.
En la última convocatoria, esta propuesta quedó sobre la mesa a la espera de los informes. En esta ocasión, el informe de Emaya se contradice con el de Cort. No obstante, el artículo 22 de los estatutos de Emaya dice que «la Sociedad podrá organizar el asesoramiento legal que estime conveniente, bien con medios propios o con la contratación externa de asesores y letrados».