TW
0

El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, aseguró ayer que los empresarios son la solución a la crisis económica, aunque consideró que para salir de ella es «imprescindible» acometer una reforma laboral que incluya medidas con «más calado» que lo que propone el Gobierno.

Díaz Ferrán, que intervino ayer en un acto organizado por el Fórum Europa, manifestó que la CEOE seguirá trabajando «en equipo» en unos momentos en los que, subrayó, «la unidad es más fuerte que nunca».

Durante su intervención, Díaz Ferrán reivindicó la «flexiseguridad», para mejorar la empleabilidad, una nueva modalidad de contrato para jóvenes y parados, la potenciación del contrato a tiempo parcial o la flexibilidad interna en las empresas.

En respuesta a los medios que preguntaron sobre si se debe elevar la edad de jubilación a los 70 años, respondió: «No me parece mal» porque la esperanza de vida aumenta permanentemente, aunque consideró que esta cuestión debería estudiarse en la mesa del diálogo social.

Congreso de Ministros
El Ministerio de Trabajo, por su parte, ultima su propuesta de reforma del sistema de pensiones, que estudiará el Consejo de Ministros de mañana. El Gobierno remitirá estas propuestas a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, donde están representados todos los grupos parlamentarios, que será quién tendrá la última palabra sobre la reforma.

Una de las propuestas del Ejecutivo es elevar de manera gradual, de 15 a 20 años, el periodo que se utiliza para calcular la cuantía de las pensiones. Se trataría de que a partir de 2011 se fuera sumando un año cada ejercicio hasta completar los 20 en 2015. Es decir, para calcular la pensión de un trabajador que se jubile el próximo año se tendrían en cuenta los últimos 16 cotizados, en lugar de los 15 actuales.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, dijo ayer que en España, y «no sólo en momentos de recesión, también en los de bonanza, se pone de manifiesto la excesiva flexibilidad laboral».

El secretario general de UGT hizo esta consideración un día después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidiese a España «flexibilidad» en los salarios para incentivar la contratación, restablecer la competitividad y superar así la recesión, y tras la recomendación del Banco de España de reformar el mercado laboral.