Imagen de archivo del president del Govern y del conseller d'Habitatge en Es Pil.larí. | Redacción Local

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El Govern ha suspendido de manera provisional la tramitación de las normas subsidiarias de la reserva estratégica de suelo de Son Bordoy (es Molinar), en la que está prevista la construcción de 461 viviendas protegidas y 385 libres, con el objetivo de estudiar las alegaciones y buscar consensos, según informó ayer la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques.
El departamento que dirige Jaume Carbonero remarcó que se trata de una suspensión provisional que no supone renunciar, «en caso alguno», a la política de vivienda del Govern, materializada a través de la Ley Carbonero, que prevé la construcción de 5.000 viviendas en esta legislatura, y recordó la firma del Pacto por una Vivienda Adecuada y Asequible, en mayo de 2008.
Entre las críticas recibidas, cabe recordar el PP ha calificado el aumento de la edificabilidad permitido en Son Bordoy de 'pelotazo urbanístico' y ha reclamando al Ajuntament que vuelva a sacar a exposición pública el proyecto para que «todo el mundo pueda tener acceso» a los detalles del mismo. También han presentado alegaciones la Asociación de Vecinos de Es Molinar, ARCA, el Colegio Oficial de Arquitectos de Balears y el GOB.
La Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques informó de que abrirá un periodo para que las personas y entidades que han presentado alegaciones puedan participar en la redacción de las normas subsidiarias definitivas, un periodo que no tiene fecha concreta de finalización, según informaron desde la Conselleria.
Como se recordará, la reserva estratégica de Son Bordoy es fruto de la aplicación de la Ley 5/2008 de medidas urgentes para la obtención de suelo para viviendas de protección pública (Ley Carbonero), aprobada en el Parlament por unanimidad, y que establece que la herramienta de selección de los terrenos es la convocatoria del concurso, mediante el cual se han seleccionado seis reservas más. Por su parte, desde el Ajuntament de Palma valoraron positivamente que «el Govern se replantee el proyecto porque en los términos en los que estaba planteado no es compatible con el modelo de ciudad». En este sentido, recordaron que el pasado mes de julio el Consistorio palmesano elaboró un informe, que fue aprobado en septiembre, en el que se señalaban una serie de deficiencias. Además, hicieron especial hincapié en que Cort aún no ha aprobado nada referente a este asunto. Además, el Ajuntament de Palma tiene que decidir si cede o no el 20 por ciento de los terrenos que le corresponden de Son Bordoy. En este sentido, la Ley Carbonero establece que la cesión del 20% del suelo «no será de aplicación a las actuaciones previstas en esta Ley. No obstante, los municipios afectados podrán optar, de forma expresa y vinculante, a que se mantengan las cesiones señaladas».