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Rafael Perera, abogado de Jaume Matas, difundió ayer un comunicado en el que señala que la información publicaca ayer por este diario, titulada «Matas se plantea pedir amparo en EE UU para no declararar en Palma», «carece de toda base».

«Jaume Matas en modo alguno se ha planteado, ni me ha planteado, la posibilidad de eludir la declaración prevista para el próximo día 23 de marzo, en Palma», ha asegurado Perera.

El abogado «desmiente rotundamente», en nombre de Matas, dicha información y recuerda que, desde que la Fiscalía inició la tramitación de las diligencias del llamado 'caso Palma Arena', puso en conocimiento la «plena disponibilidad del ex presidente para personarse en Palma y aclarar cuantas cuestiones fueren pertinentes».

Según Perera, posteriormente ha reiterado al juez instructor José Castro, en nombre de su cliente, dicha propuesta de Matas de comparecer y prestar declaración.

«Al efecto tengo designado el domicilio de mi despacho para facilitar su citación», ha detallado el abogado en la nota.
El abogado ha recordado también que ha hecho constar al juez «la contrariedad del ex presidente por la lejanía de la fecha señalada para su declaración».

Perera añade que la información publicada sobre la voluntad de Matas de eludir declarar ante el juez «perjudica gravemente la imagen del ex presidente y crea, maliciosamente, un caldo de cultivo adverso al mismo en los medios judiciales», razón por la que se reserva adoptar «las acciones legales correspondientes».

Matas ha sido citado a declarar por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, que investiga una presunta trama de corrupción en torno a la construcción del Palma Arena, así como presuntas irregularidades en el incremento patrimonial del ex presidente. Castro ha imputado a Matas por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito fiscal y electoral.

En la causa también está imputada la esposa del ex presidente, Maria Teresa Areal, por presuntos delitos fiscales, apropiación indebida, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.