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El absentismo de los controladores aéreos se saldó ayer con nuevos retrasos, mientras que el PP apuntó al ministro de Fomento, José Blanco, como el «responsable político» de las bajas que sufren algunos de esos profesionales en los aeropuertos de la red de AENA. Por su parte, el sector turístico acusa a los controladores aéreos de «sabotaje» y de «tomar a los pasajeros como rehenes», por lo que pide controladores militares.

La acumulación de bajas por enfermedad entre los controladores aéreo llevó ayer al secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, a mostrarse partidario de revisar algunas prestaciones sociales como las recibidas por incapacidad temporal, para que «no sean utilizadas de forma desaprensiva».

Bajas justificadas

Por su parte, los controladores se defienden y el portavoz del sindicato USCA ha animado a que no sólo se investiguen las bajas médicas de estos trabajadores, sino también si se cumplen los requisitos normativos en la organización de turnos de éstos. Fuentes del sindicato aseguran que las bajas están justificadas médicamente y los retrasos son fruto de la mala organización de sus turnos.

La falta de 39 controladores aéreos del Centro de Control de Tráfico Aéreo de Barcelona (el 36,7 por ciento de la plantilla prevista para el centro) durante la jornada de ayer provocó retrasos de entre 20 y 30 minutos de media en los vuelos de la tarde, que se sumaron a los retrasos de entre 30 y más de 120 minutos de la mañana.

Desde el PP, el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, acusó a Blanco de ser el «responsable político» de las bajas de algunos controladores en los aeropuertos, ya que «no dedica tiempo suficiente a abordar los problemas derivados de su gestión».

Desde el sector turístico, se ha acusado a los controladores de «estar tomando como rehenes a los pasajeros aéreos, lo que supone un auténtico sabotaje contra la economía nacional y, por supuesto, la turística», según la Mesa de Turismo. La entidad ha pedido al Ejecutivo que «resuelva la situación con la máxima energía, contratando, si es preciso, a controladores de otros países europeos que, por cierto, cobran mucho menos que los privilegiados españoles, o incluso, controladores militares, en la medida de lo posible». En su opinión, «todo ello antes que seguir consintiendo el destrozo de nuestro sector turístico y, consecuentemente, de la economía nacional y de la imagen de España en el mundo».