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El presidente estadounidense, Barack Obama, solicitó ayer a su recién creada comisión de investigación sobre el vertido de crudo en el Golfo de México que haga lo posible para no impedir cualquier investigación criminal que pudiera emerger en un futuro, en lo que ha sido su primera referencia a la posibilidad de que el Departamento de Justicia pueda emprender un proceso de esta índole contra las empresas involucradas: la petrolera británica British Petroleum (BP), Halliburton and Transocean Ltd.
Protección del medio
Así lo hizo saber el presidente en la orden ejecutiva por la que se autoriza la creación del panel de expertos, copresidido por el senador demócrata Bob Graham y el antiguo jefe de la Agencia de Protección Medioambiental, William Reilly.
«La comisión se asegurará de que no interfiere o interrumpe cualquier investigación de carácter civil o criminal, en curso o futura, que desarrollaran las fuerzas de la ley; así como cualquier esfuerzo para garantizar la recuperación de costes por daños que puedan emerger de la explosión de la plataforma Deepwater Horizon, el fuego o el derrame de crudo», según la sección 4, apartado D, de la orden, que se encuentra en su integridad en la web de la Casa Blanca.
En su discurso semanal, Obama indicó que este comité, al que ha dado un plazo de seis meses para la entrega de conclusiones, tiene un doble objetivo. Por una parte, analizará las «causas del desastre» y ofrecerá «precauciones de seguridad y medioambientales» para prevenir estos sucesos.
Inspecciones
«La cuestión es qué lecciones podemos aprender de este desastre para que no ocurra de nuevo», agregó.
Desde la explosión de la plataforma, Obama ha dado orden de inspeccionar todas estas instalaciones y vetado las perforaciones hasta que se complete dicha revisión.
Obama reconoció que las extracciones realizadas en el golfo de México representan «el 30 por ciento» de la producción doméstica total, pero defendió que sólo pueden seguir adelante «si existen garantías».