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Todos los partidos de la oposición manifestaron ayer críticas opiniones sobre las medidas anunciadas por Zapatero el miércoles pasado, tanto desde la derecha como desde la izquierda o el nacionalismo.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró que su formación votará en contra de que se congelen las pensiones y propuso compensarlo recortando la partida de cooperación y desarrollo, ya que, según dijo, para ser un país solidario «primero hay que serlo con sus personas mayores». Cospedal recordó que durante 2009 y 2010 el Gobierno central ha destinado casi 13.000 millones de euros al Plan E para arreglar parques y aceras y ha producido un ajuste en las cuentas públicas a base, entre otros, de los pensionistas «para ahorrar 10.000 millones de euros».
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, por su pate, dijo que «tengo el sueño de que el Gobierno puede dar marcha atrás a sus políticas y de que puede incrementar los impuestos a la banca y a los más ricos. Si continúan por aquí la huelga general está asegurada», afirmó el dirigente durante una manifestación en Madrid contra los recortes sociales anunciados por Zapatero y la «política neoliberal europea».
El presidente del grupo de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, anunció que su formación no apoyará la congelación de las pensiones ni la reducción del número de unidades de los envases de los fármacos propuestas por el Gobierno para reducir el déficit público.
Duran considera «insuficiente» el plan del Gobierno porque no prevé medidas para reactivar la economía y generar empleo y, ha advertido, «cuando no hay ocupación no hay ingresos».
La portavoz de Iniacita per Catalunya-Els Verds, Laia Ortiz, ha exigido a Zapatero que «no hipoteque el Estado del Bienestar ni los servicios públicos aplicando medidas que recortan derechos sociales a los más débiles».
Ortiz cree que Zapatero «debería reflexionar» después de que partidos y sindicatos le hayan mostrado su «rechazo unánime».
El presidente de ERC, Joan Puigcercós, pidió que si hay que subir algunos impuestos para afrontar la situación de crisis económica únicamente se incrementen los que «gravan las rentas del capital, los bancos y las grandes corporaciones empresariales», y no a los ciudadanos ni a las pymes.