Foto de familia de los líderes mundiales durante la cumbre del G-20 que se celebra en Toronto, Canadá. | Efe

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El G-20 acordó al final de su reunión de ayer en Toronto una consolidación fiscal «diferenciada y ajustada a las circunstancias nacionales», según una copia del borrador del comunicado, que refleja el compromiso de los «países desarrollados» del G-20 de reducir el déficit «al menos a la mitad» para el año 2013 y de «estabilizar o reducir la deuda gubernamental como porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) para 2016.

El tema de la austeridad fiscal ha provocado tensiones. EEUU y los emergentes abogan por mantener ciertas medidas para reactivar la economía y advierten que la repentina retirada de los paquetes de estímulo podría frustrar la todavía frágil recuperación. Europa, por su parte, considera que el tiempo de los estímulos ha pasado y ha llegado ya el momento de la austeridad fiscal.

El borrador refleja esa tensión, al indicar que «el ritmo del ajuste (fiscal) debe calibrarse cuidadosamente para sostener la recuperación de la demanda privada» y celebra, en ese sentido, «los esfuerzos realizados por China para impulsar su demanda interna».

El documento subraya que existe el riesgo de que «un ajuste fiscal sincronizado entre varias grandes economías pueda afectar de forma adversa la recuperación». Dado ese delicado equilibrio, el G-20 se inclina por que la medida de reducción del déficit para la mitad al 2013 afecte a las economías más avanzadas.

Además, considera considera que el sector bancario debe pagar por el coste en el que incurren los Gobiernos cuando acuden a su rescate, si bien da libertad a los países para establecer una tasa bancaria con ese fin.


Discrepancias

El G-20 reconoce que existen «distintos planteamientos» para hacer que la banca «contribuya de manera justa y sustancial» a su propio rescate, y afirma que uno de ellos, aunque no el único, es el polémico impuesto bancario.

Esta tasa se había convertido en uno de los puntos de mayor discrepancia, por la dura oposición mostrada por los países emergentes y por Canadá. En general, las naciones en desarrollo argumentaban que sus sistemas bancarios no habían sido el germen de la grave crisis internacional, y que por tanto no tendrían que pagar por un rescate que no ha ocurrido.