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El Govern de les Illes calificó ayer de «cinismo» la postura del PP al decidir interponer una querella contra Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) por las obras de reparación del metro de Palma y que costaron a las arcas públicas 30 millones de euros más. El president del Govern, Francesc Antich, aseguró que «el PP haga lo que tenga que hacer». Por su parte, el conseller de Medi Ambient i Mobilitat, aseguró que las contrataciones de SFM fueron «legales» y se hicieron en base a informes técnicos y jurídicos. «Estos siempre han estado a disposición del PP». SFM adjudicó a INECO por procedimiento de urgencia la auditoria del metro, así como la dirección de las obras, por un montante de unos 2 millones. El resto, de los 10,5 que el PP denuncia se desvió al metro, se destinaron a los proyectos de los talleres de Son Rullan, a la línea Manacor-Artà o el tranvía, adjudicados también a INECO mediante concurso directo abierto, según explicaron desde SFM.
Por otro lado, el PP registró ayer en el juzgado de guardia la querella contra Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) por unos supuestos delito de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude.
La querella recibió el visto bueno del abogado contratado por el PP, Ignacio Gordillo, el que fuera fiscal de la Audiencia Nacional tras una reunión celebrada en la sede de los populares.
En la querella se justifica que el Govern contrató a la empresa INECO sin ningún tipo de publicidads para que realizase una auditoría de las obras del metro tras las inundaciones registradas en agosto de 2007.
Posteriormente, SFM convocó un concurso para la adjudicación de un contrato de consultoría y asistencia para la materialización de inversiones y proyectos de la empresa pública. INECO ganó dicho concurso.
El PP entiende que es irregular la contratación de una empresa a la que se encargó una auditoría y después se le encargaron las obras del mismo proyecto por 10,5 millones de euros.