Jaume Matas, durante su estancia en Washington, cuando habló para este periódico. | Pedro Prieto

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La etapa americana de Jaume Matas va a ser objeto, en breve, de una exhaustiva investigación por parte de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que pretende aclarar cómo eran los contratos del ex president en Washington y Nueva York.
Las fuentes consultadas ayer indicaron que fue el propio ex president el que anunció que tenía «muy buen contrato» en EEUU, dando a entender que obtenía cuantiosos ingresos mensuales. En este sentido, los investigadores temen que Matas intente justificar algunos de sus abultados gastos con sus ingresos americanos, por lo que en los próximos días contactarán, vía judicial, con las empresas Crestline, del Grupo Barceló, y Pricewaterhouse Cooppers.
Los investigadores quieren saber el salario exacto de Jaume Matas, tanto en Washington como Nueva York, y sus condiciones laborales. Asimismo, ante la posibilidad de que las dos empresas norteamericanas se negaran a colaborar al tratarse de información confidencial de un ex empleado, está previsto que los requerimientos se hagan por vía judicial, a través de un juez o de la policía de aquel país. De esta forma, está prácticamente garantizado que las dos compañías facilitarán el historial laboral del ex ministro de Medio Ambiente.
De forma paralela, los investigadores continuaron ayer rastreando los detalles del pago de los tres millones de euros que abonó Matas para no ingresar en prisión. Todas las pesquisas se centran en el Banco de Valencia y se está a la espera de que la entidad desvele qué tipo de avales o transferencias se aportaron para facilitar la operación. La Guardia Civil quiere saber qué particulares o empresas ayudaron al ex president y de qué forma se materializó esa colaboración que le ha permitido, de momento, eludir la cárcel.
Al margen de estas novedades, las diligencias judiciales siguen abiertas en varios frentes, algunos todavía secretos, y los investigadores confían en que la situación procesal de Matas se le complique todavía más con la llegada de nuevas pruebas.
El juez Castro le retiró el pasaporte al ex presidente del Govern y le obliga a presentarse cada quince días en los juzgados. A su cuñado también le confiscó el pasaporte, mientras que a Bartolomé Reus, presunto testaferro del piso de Madrid, y su esposa Maite Areal no se han establecido de momento medidas cautelares. Ambos siguen imputados. El ex presidente de Gesa negó en todo momento que fuera el 'hombre de paja' en el entramado del piso de lujo de Madrid, pero la Guardia Civil cree que