Las empresas de Correa pagaron 420.000 euros al PP valenciano en 2002

El informe afirma, sin identificar a las personas concretas que recibieron el dinero, que en algún caso los beneficiarios son «agrupaciones políticas o asociaciones de esta índole», como en la entrega realizada el 18 de diciembre de 2002, donde el PP valenciano, «o alguien integrante de esta agrupación», recibiría 420.000 euros.

Meses más tarde, el 15 de mayo de 2003 se habla de una asignación de 144.220 euros a «CL-S», que la Agencia Tributaria dice haber asignado hipotéticamente a Castilla y León-Segovia, «dada la participación del diputado del PP por Segovia Jesús Merino».

Así se recoge en la documentación remitida por la Agencia Tributaria al juez del TSJM que instruye el 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, en la que también destaca que en algunas de las entregas del Grupo Correa, hay una distribución paritaria entre cuatro o cinco personas, entre las que, además de Francisco Correa, se encuentran el ex alcalde popular de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda, el anteriormente citado Jesús Merino y el ex tesorero y senador del PP Luis Bárcenas.

De todos ellos la AEAT señala que podrían ser también intermediarios de algunas de esas entregas entre los años 2002 y 2003, y en concreto, de Sepúlveda apunta que podría haber cobrado una asignación mensual fija de la organización durante un periodo dilatado de tiempo. En este sentido, la Agencia Tributaria dice haber encontrado indicios de utilización por parte de algunas de estas personas de la estructura de ocultamiento de los bienes de Correa, entre los que cita a Bárcenas.

Otros beneficiarios

La AEAT reseña, además, que los principales lugares donde se realizaban esas entregas del entramado empresarial de Francisco Correa son la casa de éste, la casa de Plácido Vázquez, uno de los empresarios implicados en la trama, el restaurante Sorolla de Madrid y el Hotel Fénix de la capital, estos dos últimos ubicados cerca de la Plaza Colón.

La Agencia Tributaria también cita, entre otros beneficiarios de las entregas a los ex alcaldes del PP de los municipios madrileños de Boadilla del Monte Arturo González Panero; de Majadahonda, Guillermo Ortega Alonso, y de Arganda, Ginés López Rodríguez. Precisamente éste último, junto al primer edil de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, aparecen vinculados a través de diferentes operaciones de compra-venta de vehículos.

Las anotaciones pertenecen a Luis Bñarcenas

Un agente de Policía de la UDEF concluyó que las anotaciones L.B. de la caja B, de contabilidad paralela de la trama Gürtel, corresponden «efectivamente» y «sin género de dudas» al ex tesorero del PP y senador por Cantabria, Luis Bárcenas, según se desprende de la parte del sumario conocida este martes. En concreto, la investigación calcula que Bárcenas recibió de la trama corrupta un total de 1,3 millones de euros.

Para llegar a esta conclusión, el funcionario policial dice que hay dos elementos principales. Uno, el pen drive que se intervino a José Luis Izquierdo en el que había muchos archivos informáticos importantes y, otro, una carpeta de color azul también intervenida a Izquierdo que contiene bastante documentación. La vinculación de Bárcenas con la organización que dirige Francisco Correa se pone de manifiesto además cuando la policía ve «sistemáticamente» referencias a una persona denominada L. Barc, LB o L.Barcenas.

«Un montón de archivos en excel en los que vienen determinados pagos a L.B, normalmente suele venir L.B, entonces, digamos que tenemos varias formas de identificar a este hombre, varios indicios que nos hacen pensar que L.B es Luis Bárcenas y así lo plasmamos en el informe», indica el funcionario policial al juez, según se recoge en el sumario.

Añade que la sospecha surge en las primeras grabaciones que hicieron los denunciantes, que mencionan a Luis Bárcenas. Otro elemento es que entre todas las personas que tienen relación con Bárcenas y los investigados no han encontrado a nadie cuyas iniciales coincidan.

La policía determina que Bárcenas es L.B. por el análisis de las grabaciones del denunciante, José Luis Peñas, en las que el líder de la trama, Francisco Correa, reconoce que cobraba comisiones por obras y adjudicaciones y se las entregaba a Bárcenas. También lo sustenta en las declaraciones de otra de las imputadas, Felisa Jordán, en las que reconoce la relación Correa con Bárcenas, al que señala como la persona dentro del PP que les «daba trabajo» para las empresas de eventos.

Otras de las declaraciones que hacen referencia al senador son las de José Luis Izquierdo, en la que señala que vio en la lista de regalos de Correa para Navidad en la joyería Serrano el nombre de Bárcenas, justo en la época en la que el cabecilla de la trama «iba con aiduidad a la sede del PP.

A ello se suma la declaración de Domingo Magariños en la que indica que ha estado en varias ocasiones en la sede del PP cuando trabajaba como chófer de Correa, en las que iba a ver a Bárcenas, «el cual extendía cheques» supuestamente a nombre de Special Events «de pequeño importe», es decir, de entre 1.800 ó 2.000 euros.

Según esta persona, el ex tesorero del PP «extendía los cheques delante de él, se los daba y él se los dejaba a José Luis Izquierdo», considerando que lo hacía como remuneración a algún tipo de trabajo realizado con carácer previo para el PP.

La policía también cree que L.B. es Bárcenas por las cuentas de la contabilidad B donde constan las entregas de dinero y de la aparición de la cuenta 'Caja X PC Caja Madrid' de distintas formas de nombrar a una persona en las que consta por separado el nombre y las sigles 'L.Bárcenas', 'L.Barc' y 'L.B.'. Por todo ello concluye que L.B. es «sin género de dudas» Luis Bárcenas.

Bárcenas recibió 1,3 millones

Según el informe de la UDEF que figura en el sumario, Bárcenas recibió de la red corrupta cerca de 1,3 millones de euros. Entre las cantidades que percibió estaban las relativas a la «adjudicación amañada» de la obra de la variante de Olleros de Alba, en León, a la empresa Teconsa, en cuyos órganos de administración estaba presente el imputado José Ramón Blanco Balín.

Este informe policial está basado en una documentación que hace referencia a la adjudicación de esta obra. «Dichas anotaciones en relación con los apuntes contables de la cuenta Caja X PC ponen de manifiesto una entrada de fondos a la organización y un reparto de dinero a otras personas entre las que se encontraría Luis Bárcenas», señala.

En concreto, en los papeles, procedentes de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, se detalla la adjudicación definitiva de la obra en noviembre de 2002. El presupuesto de adjudicación es de 2,8 millones de euros y el plazo de ejecución es de 12 meses.

La investigación también apunta que han quedado acreditados unos pagos de 120.100 euros por toda la obra (96.100 repartidos entre varias personas y 24.000 euros para T.O.) y destaca que, además de Correa, habrían recibido dádiva por dicha adjudicación Bárcenas, y otras tres personas que no han sido identificadas por el momento. La Policía concluye que en esta operación Correa recibió 17.500 euros y Luis Bárcenas cobró 18.600 euros.

«En este caso se habría producido una adjudicación amañada de la obra de la variante de Olleros de Alba, en la que hubo una participación activa de la organización de Francisco Correa, así como de algún político que pudo influir en la decisión por parte de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León de adjudicar la obra a la empresa Teconsa», indica el informe.

El sumario también desvela que el tesorero del PP recibió por caja B 131.570 euros en distintos pagos y aportó fondos a la organización que van a una caja de seguridad que nutre la caja B de la calle Serrano. Estas operaciones «se refieren a la campaña electoral en galicia en 1998 y ponen de manifiesto unas aportaciones directas de fondos», según la UDEF.

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Relación con Jesús Sepúlveda

Por otra parte, la Unidad de Delincuencia Económica presentó un nuevo informe en marzo de 2009 en el que se relaciona a Bárcenas con el ex alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda en la sociedad Astrolago de inversiones a través de participaciones sociales. Esta empresa tenía como fin la promoción, desarrollo y gestión de actividades inmobiliarias, incluso la construcción, levantamiento de planos, desarrollo de proyectos y otras ejecuciones de obra, sobre todo de terrenos e inmuebles. «No tiene actividad ni trabajadores y únicamente consta la aportación inicial de capital (9.000 euros)», indica.

Pero no es la única vinculación con negocios de este tipo en la zona, pues la Agencia Tributaria le vincula con la trama a través de una promoción de viviendas en Majadahonda (Madrid). Esta operación inmobiliaria, para la construcción en 2004 de 16 viviendas, se habría realizado a través de la empresa Rustfield, investigada como una de las entidades utilizadas parta blanquear dinero de la organización en el extranjero. En este caso, Bárcenas junto a otra persona, que podría ser Correa, según los informes incautados al contable de éste último, habrían aportado 50 millones de pesetas para la opción de compra de los terrenos.

Fianzas millonarias

El juez de Instrucción del caso Gürtel, Antonio Pedreira, impuso a Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta, una fianza de 85 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecunarias que pudieran imponérsele como consecuencia de los delitos fiscales de los que se le acusan. Además, la instrucción desveló que existen cargos públicos que han recibido hasta 2,8 millones de euros de la trama.

En cuatro autos emitidos el pasado 31 de marzo, hechos públicos este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el magistrado destaca lo elevado de las responsabilidades pecuniarias que podrían derivarse de los delitos contra la Hacienda Pública descubiertos entre 2002 y 2007 por parte de los dirigentes de la trama.

Así, Pedreira pide el embargo de todos los bienes de Correa y sus socios Pablo Crespo Sabaris, Alvaro Pérez (el bigotes), Carmen Rodríguez Quijano y Ramón Blanco Balón y de sus sociedades, hasta cumplir la cuantía indicada.

Por otra parte, indica que la instrucción ha desvelado que cargos públicos han recibido hasta 2,8 millones de euros de la trama, por lo que los imputados están acusados de un delito de cohecho.

La fianza solicitada para Correa es de 85 millones de euros, la misma que para ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, mientras que para el ex vicepresidente de Repsol, Blanco Balín, la fianza queda en 30 millones de euros. La mujer de Correa, Maria del Carmen Quijano, se enfrenta a una cuantía de 800.000 euros por su participación en la actividad de Correa en Majadahonda, incluidos pagos a cargos públicos. Entre ellos, destaca la operación relativa a un inmueble de la calle La Oliva.

La cuantía es aproximada y no tiene en cuenta los intereses de demora, las cuotas del Impuesto sobre el Patrimonio y otras circunstancias que todavía no se han contabilizado. Si no lo abonan en el plazo indicado, se procederá al embargo de sus bienes.

El abogado José Antonio Choclán, que defiende a Correa, adelantó, que su cliente no cuenta con dinero para pagar la fianza para eludir la cárcel, puesto que tiene «el 100 por ciento de sus bienes conocidos embargados». «Los bienes se tienen que tasar para saber si son suficientes para cubrir la fianza», apuntó. Y es que, las empresas de Correa consiguieron contratos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su mayoría relacionados con la organización de actos institucionales. Según el sumario, los contratos se troceaban para evitar que el coste fuera superior a los 12.000 euros, con la idea de eludir un concurso público.

Bajo la presidencia de Crespo, la empresa Special Events, dedicada a la comunicación y organización de eventos, fue contratada por la Xunta que gobernaba Manuel Fraga para promocionar el mercado de la carne gallega en plena crisis de las vacas locas, campaña de publicidad por la cual percibió un millón y medio de euros.

En 2005 se desvelaron las vinculaciones de esta empresa con personas del PP y que era propiedad de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, por lo que el entonces presidente de la Xunta, meses antes de perder la mayoría absoluta, aseguró que no se realizarían más contrataciones con Special Events.

Blanco Balín

Asimismo, el juez fija una fianza de 30 millones de euros al ex vicepresidente de Repsol José Ramón Blanco Balín para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se deriven del proceso penal.

Según el sumario, Blanco Balín asumió en 2005 la gestión de la estructura empresarial de la trama en España al tomar el relevo del abogado Luis de Miguel, «un especialista en el montaje de sociedades», según declaró Antoine Sánchez, el primo de Correa, durante su declaración ante el juez Baltasar Garzón.

Por su parte, María Carmen Rodríguez Quijano fue detenida el 6 de febrero de 2009, el día que se destapó la trama, y puesta en libertad por la Policía. La mujer de Correa fue nombrada directora financiera en enero de 2005 de la empresa Especial Events, cuyo administrador único es Pablo Crespo, uno de los presuntos cerebros de la trama Gürtel.

Además, Rodríguez Quijano fue jefa de gabinete del ex alcalde del PP en Majadahonda Guillermo Ortega, otro de los imputados en el caso, y secretaria general del partido en ese municipio.

Casi 4 millones sin declarar

La empresa Orange Market, relacionada con la trama Gürtel, ingresó en el año 2008 casi cuatro millones de euros que no declaró a la Agencia Tributaria, según un informe incluido en la parte del sumario del caso levantada este martes.

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, solicitó en mayo de 2009 a la Agencia Tributaria las operaciones con terceros de un total de doce empresas relacionadas con la trama. Entre ellas se encuentra Orange Market, que según la documentación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude ingresó a lo largo de 2008 alrededor de 3.900.000 euros que sin embargo no declaró. Estos ingresos están relacionados con servicios prestados a empresas relacionadas con la construcción o la organización de eventos.

Orange Market también ingresó de la Generalitat Valenciana 45.600 euros. Sin embargo, los dos pagos de mayor cuantía sin declarar superan el millón de euros y proceden de la Feria Muestrario Internacional de Valencia y de la Agencia Valenciana del Turisme.

Según la documentación incluida en el sumario, Orange Market tampoco declaró ninguno de los pagos que realizó durante 2008 y que superaron los cuatro millones de euros. Estos pagos se realizaron a empresas relacionadas con la publicidad, el diseño o mobiliario, aunque también aparece el Palau de les Arts de la Comunidad Valenciana.

En cuanto a la empresa Special Events, también relacionada con la trama, la Agencia Tributaria señala que en 2008 únicamente realizó un pago de 6.726,15 euros a Mavilsa Automóviles S.A. que no declaró.

El magistrado reclamó en concreto información sobre las actividades de las empresas Forever Travel Group, Boomerangdrive, Rialgreen y Down Town Consulting desde 1998 y del año 2008 de las sociedades Easy Concept Comunicación, Good&Better, Servimadrid, Diseño Asimetrico, Special Events, Technology Consulting Management, Pasadena Viajes y Orange Market.