La Policía Nacional investiga a una empresa de alarmas de Calvià por intrusismo

Los agentes de la Unidad Central de Seguridad Privada, con la colaboración de miembros de la Unidad Territorial de Seguridad Privada en Balears, han descubierto que la compañía no contaba con la habilitación legal correspondiente.

Los agentes llevaron a cabo diversos servicios de vigilancias y seguimientos y constataron que la empresa inspeccionada ejercía tareas reservadas exclusivamente a profesionales acreditados del sector de la seguridad privada, lo que supone una infracción de la normativa vigente en esta matera.

Esta actividad ilegal, según informa la Policía Nacional en una nota, supone un riesgo tanto para los usuarios de la empresa como para el correcto funcionamiento del sector en el que empresas habilitadas por el Ministerio del Interior cumplen con la normativa vigente y trabajan de forma conjunta y en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Los agentes, como medida cautelar y en previsión de posibles sanciones administrativas, han intervenido diferentes activos de la empresa y han quedado a disposición de las autoridades competentes como garantía del procedimiento sancionador.

Prestar servicios de seguridad privada a terceros sin autorización es una infracción muy grave que puede acarrear multas de hasta 600.000 euros. La Ley de Seguridad Privada 5/2014 no solo sanciona a aquellas empresas que ejercen funciones específicas de seguridad privada sin estar habilitadas, sino que también puede sancionar a los usuarios de estas y al personal. Las sanciones pueden llegar a los 20.000 euros.