Lo único que se salió algo de lo previsible fue el enfrentamiento abierto entre el abogado de Penalva y Subirán y la Fiscalía, que ya se adivinaba tras el escrito de defensa. El letrado Javier Barinaga pidió directamente a la Sala del TSJIB la expulsión del fiscal Tomás Herranz. Le acusan de forzar el archivo del ‘caso ORA’, una «maniobra» para buscar elementos incriminatorios en este juicio. Pese a sostener que «no es un ataque personal» insistieron en la «inhabilidad» del representante del Ministerio Público. En esta línea, Barinaga también tildó de «maniobras de Fiscalía» la atribución del caso a distintos fiscales y, en especial, la presencia del fiscal Juan Carrau.
Ahí el fiscal sí respondió. Aunque será el miércoles cuando conteste a todas las cuestiones previas sí quiso dejar claro: «El sistema informático no nos permitía desde Madrid incorporar escritos al procedimiento y esa es la razón de que estuviera designado al señor Carrau. No hay fantasmas». También apuntó a excesos en el derecho de defensa: «Intentar engañar a la sala diciendo que alguien ha hecho lo que no ha hecho excede ese derecho». También desmintió que Carrau estuviera adscrito a los casos ORA y Cursach: «Estaba designado en exclusiva Miguel Ángel Subirán, se diga lo que se diga. Don Juan Carrau no es superior jerárquico de este y que esto lo diga alguien que ha sido fiscal… lo voy a dejar en lamentable».
Barinaga planetó en total una batería de once cuestiones previas. La consecuencia de todas esas supuestas vulneraciones de derechos fundamentales sería anular todo el caso. La principal es la que tiene que ver con la sentencia del Constitucional que dio amparo a dos periodistas y que terminó en la nulidad de los autos del juez Florit en los que acordaba el acceso a los números a los que habían llamado dos periodistas. Todas las defensas sostienen que el policía Iván Bandera fue detenido en base a indicios obtenidos en base a esa intervención y, por tanto, sostienen que es nulo.
El exfiscal Pedro Horrach, que ejerce la defensa del subinspector de Blanqueo, Miguel Ángel Blanco afirmó que los investigadores policiales «estaban perdidos» sobre quién había filtrado un informe policial y niega que hubiera una entrega voluntaria del móvil: «El consentimiento está viciado. Cuando uno entrega su teléfono para que se revise, da consentimiento para que se vea el contenido, no lo que está borrado y aquí el único chat que importa había sido borrado. Cuando borra algo es para ocultarlo», añadió.
Otro punto negro que reprochan de forma común es que fuera el propio Florit quien asumiera la instrucción y que ni él ni Juan Carrau se abstuvieran, lo que implicaba excluirse de ser los posibles filtradores. Entienden que se ha producido una vulneración al derecho a un juez imparcial. A esto suman la investigación que abrió el TSJIB que desembocó en el juicio a Florit y en la que el fiscal estuvo imputado un tiempo. En la misma línea consideran que es otro motivo de nulidad que la investigación no fuera asumida por Asuntos Internos de la Policía Nacional.
El abogado del exjuez y el exfiscal también abundó en acusaciones contra mandos policiales de las Islas a los que, junto a los fiscales, responsabiliza de la causa contra sus representados. Intentó aportar a través del antiguo testigo protegido 29, unos documentos: «El señor Corral aporta correos electrónicos de los policías a algunos de los abogados que ejercían la acusación particular».
El juicio seguirá el miércoles con la respuesta de la Fiscalía y las acusaciones particulares. Otro de los argumentos comunes de las defensas ha sido cuestionar el papel de estas. Sostienen que carecen de legitimidad para determinadas acusaciones. Eso apunta en especial a la que reúne a Bartolomé Cursach, Sbert y otros afectados, que incluyen los mismos hechos que la Fiscalía en su calificación provisional.
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Cómo el fondo de los hechos es incuestionable, intentan poner trabas, hacer una cortina de humo y desprestigiar a la fiscalía, para doblegar la forma. Una triste defensa para salvar sus miserables traseros.
Toda esta banda de policías corruptos a la cárcel de donde no tienen que salir porque son un gran peligro para la sociedad
Tampoco se han aportado en el juicio los audios que probaban cómo operaba la mafia policial. La actuación de la Fiscalía en el juicio ha sido "llamativa", según apuntan fuentes jurídicas a este diario; por ejemplo, ha prescindido de informes de la Guardia Civil, de Blanqueo de Capitales, de conversaciones telefónicas de algunos de los investigados que serían probatorias del "control absoluto" de las instituciones públicas, como los ayuntamientos de Calviá y de Palma
Márquez y Palomo, conocidos como "los Juanes", son los dos inspectores recientemente ascendidos a altos cargos de jefatura –para los que no cuentan con la categoría requerida y pasando por delante de otros inspectores con mayor antigüedad– tras elaborar cuatro atestados inculpatorios contra el juez y el fiscal.
En total, Anticorrupción rechazó la declaración de 54 testigos en el juicio contra el magnate del ocio mallorquín Bartolomé Cursach, sus hombres de confianza, funcionarios y policías. La Fiscalía también desestimó decenas de grabaciones aportadas en el sumario que probarían un sistema de corrupción policial.
Para los que no saben de qué va todo esto. A esos 6 se les encontró un grupo de WhatsApp en el que se podía leer su forma de "trabajar", de momento presuntos delitos y muy graves. Y ahora quieren que la prueba que evidencia sus presuntas fechorías no se tenga en cuenta. Y no se les cae la cara de vergüenza.
""""""""""""""""""""""""""""""""Anti-corrupció""""""""""""""""""""""""""""""""", poseu-ho entre cometes millonèssimes.